Durante más de tres décadas, el régimen cubano ha convertido la resolución anual de Naciones Unidas contra el embargo estadounidense en uno de sus principales instrumentos de legitimación internacional. La presenta como una condena de la comunidad internacional a la política de Washington y, por extensión, como un respaldo a su propio sistema político. Cada votación se transforma en una victoria propagandística que alimenta el relato de un país víctima de una agresión exterior, mientras desplaza la atención de las responsabilidades internas en el deterioro económico, la corrupción, la falta de libertades y la vulneración de los derechos humanos.
Pero este año La Habana no ha podido presentar los resultados del pasado 28 de octubre como un triunfo sin matices. Aunque la Asamblea General aprobó nuevamente la resolución con 130 votos a favor, Cuba tuvo un aumento de diez votos en contra y 13 en las abstenciones respecto al año anterior. En total, fueron 17 votos en contra y 25 abstenciones. Esto evidencia que el régimen todavía conserva una mayoría internacional favorable, pero ya no puede convertir esa mayoría en una legitimación política de su sistema.
Antes de la votación: la batalla por el relato
Anualmente la resolución cubana sitúa el embargo como eje de la crisis nacional y relega cuestiones internas fundamentales como la ausencia de reformas, la ineficiencia de la economía estatal, la represión y el enriquecimiento de las élites gobernantes. Este año, la Administración de Donald Trump decidió rebatir ese discurso con mayor intensidad, insistiendo en que la comunidad internacional no debe seguir ofreciendo legitimidad política a un régimen cerrado.
Recordando las tres condiciones que la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (Ley Helms-Burton) impone para el levantamiento del embargo —liberación de los presos políticos, legalización de la sociedad civil y celebración de elecciones libres y multipartidistas—, la misión estadounidense llevó a Naciones Unidas el testimonio de exprisioneros políticos, investigadores y representantes políticos que visibilizaron las consecuencias que las políticas del régimen tienen para los ciudadanos cubanos.
Al respecto, el exprisionero político José Daniel Ferrer explicó que “cuando [otros países] votan de manera favorable a esa resolución, le están dando la espalda al pueblo que espera solidaridad del mundo libre y democrático”, aunque esos países también expresen preocupación por los derechos humanos. Según señaló, las dificultades de acceso a internet impiden a muchos cubanos conocer esos detalles, mientras las autoridades repiten que la comunidad internacional está con el Partido Comunista y no con quienes luchan por la libertad y la democracia. Para un preso político, afirmó, ese mensaje representa “un golpe tan duro, tan doloroso como la misma injusta prisión”.
La delegación estadounidense también cuestionó la distancia entre el discurso de austeridad del régimen y los privilegios de sus dirigentes. A esto, la delegación cubana, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, respondió con interrupciones y escándalo, lo que elevó la tensión en la sede de Naciones Unidas y derivó en la expulsión de uno de los diplomáticos de La Habana.
La votación: una lectura del cambio de percepción y los apoyos
En 2025, La Habana había perdido 22 votos favorables. Este año la caída fue mayor. A los tradicionales votos negativos se sumaron Argentina, Bosnia-Herzegovina, Colombia, Costa Rica, República Checa, Ecuador, Hungría, Lituania, Marruecos, Eslovenia, Paraguay, Trinidad y Tobago, y Ucrania. También resulta significativo el aumento de las abstenciones, entre ellas las de Chile, Honduras, Haití, Perú, Italia, Alemania, Grecia, Polonia y Holanda. Otro dato significativo fue la ausencia de Venezuela en la votación. Su omisión, junto a la de Guatemala, El Salvador y Bolivia, adquiere relevancia en un escenario regional donde La Habana ha perdido apoyos tradicionales.
Pero no todos estos movimientos significan lo mismo. La posición de Italia merece especial atención. Tras abstenerse, el Gobierno de Giorgia Meloni expresó su preocupación por la falta de libertades políticas y económicas, las ineficiencias estructurales del sistema cubano y la situación de los derechos humanos. Roma consideró necesario acelerar el cambio en el Gobierno de la Isla y recordó que las decisiones de las autoridades cubanas son la causa de la crisis actual, aunque reconoció las consecuencias negativas del embargo para la población.
La declaración tiene un valor particular porque Italia es uno de los principales actores de la Unión Europea y uno de los países con presencia de brigadas médicas cubanas. Su posición refleja que la distancia con La Habana no se limita a los gobiernos tradicionalmente enfrentados al castrismo, sino que alcanza a interlocutores que mantienen relaciones de cooperación y asistencia con Cuba.
Después del pulso diplomático
El régimen cubano puede seguir presentando la aprobación de su resolución como una victoria. Formalmente, 130 países respaldaron la iniciativa, pero acompañada de un creciente cuestionamiento sobre cómo utiliza el conflicto con Washington para justificar su permanencia en el poder.
El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió que la soberanía no puede utilizarse para justificar la persecución política y la supresión de libertades. Junto a las declaraciones de la cancillería italiana y de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien dijo no apoyar una dictadura militar, la reciente votación marcó un cambio importante: el régimen cubano ha sido objeto de mayor escrutinio público.
El cambio podría tener consecuencias en sus relaciones internacionales. En el caso de la Unión Europea, este distanciamiento adquiere especial importancia en un momento en que se cuestiona la continuidad del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana.
La votación de Naciones Unidas no cambiará por sí sola la realidad cubana ni obligará al régimen a emprender reformas, pero sí apunta a que el embargo está dejando de funcionar como principal pretexto ante la crisis, y que más países están dispuestos a separar la solidaridad con el pueblo cubano de la solidaridad con quienes le gobiernan. Una distinción que el régimen ha intentado evitar durante décadas.
