El pasado 14 de enero, el gobierno cubano, tras un acuerdo con el Vaticano, anunció la excarcelación “gradual” de 553 personas “sancionadas por delitos diversos”. Sin embargo, de los más de 1.161 prisioneros políticos auditados a final de 2024, entre los cuales 931 permanecían entre rejas y otros 230 en situación de condena domiciliar, sólo han sido 198 los que han pasado a un régimen que podemos calificar ya como “régimen carcelario-domiciliar”, con la gravedad de que el 94% de estas personas tenían derecho a un régimen abierto, libertad condicional o libertad inmediata ya hacía incluso más de un año. No obstante, ¿por qué comunicó el régimen que iba a “liberar” a un número de 553 presos, si han sido apenas dos centenares los excarcelados, y bajo condiciones antagonistas a una verdadera liberación? La cifra de 553 presos políticos coincidía en buena medida con las auditorías de los manifestantes pacíficos que aún permanecían en prisión como consecuencia, únicamente, de las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 y hechos inmediatamente posteriores. Sin embargo, otros 378 presos políticos pacíficos e inocentes, por causas similares a las del 11 y 12 de julio, también permanecían en prisión. La comunidad internacional, con su habitual modo timorato de defender los derechos humanos, decidió enfocarse en los primeros, y esta ridícula distinción entre presos políticos, todos inocentes, la usó el régimen para mencionar a 553 personas “sancionadas por delitos diversos”. dejando volar la imaginación de los más incautos y, lo que es más grave, también de las aproximadamente 550 familias afectadas por las brutal represión policial y penal de las manifestaciones del 11J y meses posteriores. Pero no han sido 553 los excarcelados. Nada más lejos de la realidad. Una vez más, el régimen cubano ha jugado con la perversión que ejercita desde tiempos inmemoriales contra las familias de manifestantes y de defensores de derechos humanos. Solo 198 de los presos políticos han sido excarcelados, completando los restantes, hasta 553, con una cantidad aún indeterminada de delincuentes comunes que han salido excarcelados a decenas o cientos de forma simultánea y con las mismas supuestas medidas “de gracia” que los presos políticos. Nos preguntamos, y es imposible conocer esto cuando el régimen no ofrece cifra de detalle alguna, si la cifra de delincuentes comunes excarcelados simultáneamente ha alcanzado los 353 reos, lo que sentenciaría la negociación de la “liberación de presos políticos” como una farsa teatral aún más grave de lo que ya ha sido debido a las condiciones en las que los excarcelados han salido de prisión, incompatibles con cualquier derecho humano fundamental, pero también destruiría aún más cualquier tipo de credibilidad sobre el régimen hasta para los más incautos y desconocedores de su naturaleza. Las programadas excarcelaciones, tanto de presos políticos como de delincuentes comunes, se han producido durante 5 días, del 15 al 20 de enero, salvo en un caso del día 30 de enero, contabilizando en este espacio la salida de prisión de 198 presos políticos y cientos de presos delincuentes comunes. Las excarcelaciones se produjeron, en la totalidad de los casos, otorgando el citado “régimen carcelario-domiciliar” uno o varios días antes de la excarcelación efectiva. Todos los excarcelados y sus familias recibieron la noticia como mínimo un día antes. La llamada a excarcelar se detuvo, unilateralmente por el régimen, el día 19, y continuó desde primeras horas de la mañana del día 20 de enero hasta la noche. Ni un solo excarcelado más fue llamado a pasar al “régimen carcelario-domiciliar”. El régimen no llamó a nadie a ser excarcelado ni en la noche del día 19 ni temprano en la mañana ni en la tarde del día 20. Ya en la noche, la Administración Trump, a las 6:53 pm (hora de Cuba), publicó la medida de reentrada de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Hubo más de 22 horas entre la detención de nuevas excarcelaciones por parte de Cuba y las medidas de la Administración Trump, siendo una falacia atribuir dependencia alguna entre un hecho y el otro. Pero el desconocimiento y las ganas de dañar a Trump, que no goza del aprecio de la prensa ni de las organizaciones de derechos humanos más políticas, por parte de algunos kamikazes de la prensa les ha llevado a algunos de éstos a publicar algunas noticias falsas al respecto de dicha relación causa-efecto, azuzados por la ignorancia de los hechos fácticos y el análisis de los tiempos y lo que aconteció. Es más, al menos uno de los excarcelados, que extinguía su condena el 7 de julio de 2026, fue excarcelado el día 30 de enero, con mucha posterioridad a las medidas de Donald Trump, por lo que se demuestra que la pausa en la calendarización del régimen no ha tenido relación con la medida adoptada por la Administración Trump. Desde muy temprano, el régimen cubano dejó meridianamente claro que estas excarcelaciones no eran producidas por negociaciones con la Administración Biden. No obstante, ésta, en un gesto unilateral de tipo político, que no técnico, retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta fue una decisión técnica errónea en sentido estricto, pues está muy probada la intervención de Cuba en actos de terrorismo por todo el globo desde hace décadas y también en la actualidad, incluyendo la formación y amparo de guerrillas narco-criminales en Latinoamérica, a las que aún presta apoyo activo y cobijo, de la banda terrorista ETA en España, los actos de apoyo al terrorismo ejercido por regímenes como el ruso en Ucrania, mediante el envío de tropas y la creación de un canal de contratación oficial de mercenarios cubanos (en un número de miles), o el apoyo al régimen Irán en sus acciones terroristas en Oriente Medio, por poner sólo algunos ejemplos sobradamente conocidos. Igualmente, Cuba ejerce el terrorismo de estado contra sus propios ciudadanos, como está sobradamente probado. Sin embargo, tanto el presidente Obama como Biden, asumiendo que con la mejor de las intenciones, otorgaron al régimen prebendas anticipadas con el objetivo de propiciar un cambio en sus actitudes de terrorismo de Estado, que ejerce desde hace 66 años contra su población. No creemos en Prisoners Defenders que ese tipo de estrategias surtan efecto alguno con estados totalitarios que fomentan, dan soporte y financian el terrorismo internacional, al tiempo que ejercen el terrorismo de Estado contra su propio pueblo. Más bien, al contrario, toda medida de gracia adoptada por adelantado contra un criminal al que se es incapaz de controlar y que persiste en la comisión de crímenes y niega toda rectificación, no será usada por éste salvo para ganar grados de libertad en la comisión de las mismas o más sofisticadas acciones contra la democracia y los seres humanos en el mundo. A los terroristas, como sucedió en el caso de ETA en España, sólo se les puede vencer con firmeza, aislamiento, persecución de sus actividades delictivas y, si acaso, dando pasos de deshielo sólo cuando el criminal se comprometa y demuestre su clara vocación y acciones concretas para transitar hacia el respeto de los derechos humanos y la legislación internacional y transnacional. En España, adicionalmente, fue clave la unión de los demócratas, no pudiendo atribuirse la derrota de ETA salvo un devenir constante de firmeza y unidad por parte de numerosos gobiernos. Esto está ausente en Cuba, a cuyo régimen países como Canadá, Noruega o la Unión Europea, entre otros, sirven de apoyo constante para complicar la tarea de democratizar Cuba y darle libertades fundamentales a su pueblo, 10 millones de personas. En torno a los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos, existe una tibieza absoluta a nivel planetario, desde que se decidió que la fundación de las Naciones Unidas no sería ejecutiva en modo objetivo alguno para la protección efectiva y vinculante de los derechos humanos. Ningún organismo de Naciones Unidas tiene capacidad vinculante sobre Cuba, y los mecanismos de condena tienen nombres tan tibios como “Carta de Alegaciones” u “Opiniones”. No significa que no haya que usarlas, son el único mecanismo que tenemos las ONGs de defensa jurídica. Son útiles, pero no son vinculantes, El Consejo de Seguridad, por su parte, no es más que un club político puramente subjetivo ligado a intereses diversos, y que no está sometido al imperio de la Ley ejercido por poderes independientes y objetivos, y su ejecutividad se cercena con el derecho a veto, que se ejerce de forma permanente año tras año por los participantes. Más aún, durante décadas, una parte de Europa ha atribuido a Cuba y su revolución unos supuestos valores que son a todas luces incompatibles con la realidad cubana demostrada en 66 años. “Fusilaremos y seguiremos fusilando”, dijo en Naciones Unidas el conocido criminal llamado “el Ché” Gevara desde el inicio de la “revolución”. Aún hoy, con 7 condenas en el Parlamento Europeo a Cuba por los más execrables crímenes de lesa humanidad, siendo en la actualidad el cuarto país del mundo en valores absolutos y el primer país del mundo en acciones urgentes por desaparición forzosa cometidas por el propio Estado, hay facciones en Europa que ocultan estos crímenes por simple empatía por la enemistad compartida contra los Estados Unidos. Sin la unión de los demócratas, es complejo conseguir resultados, por lo que toda política con respecto a Cuba debe alinear a las democracias en la defensa del pueblo de Cuba, como bien supremo a proteger frente a un estado totalitario y probadamente criminal. Régimen carcelario-domiciliar Los manifestantes y presos de conciencia excarcelados, un total de 198, seguirán cumpliendo íntegramente sus condenas, y lo harán bajo dos tipos de subsidio de pena, libertad condicional y licencia extrapenal, bajo graves y concretas amenazas de volver al régimen intracarcelario, revocando los subsidios de pena, si no se atienen a las siguientes condiciones: - No podrán moverse de su ciudad de residencia.
- En gran parte de los casos, están obligados a desempeñar trabajos forzosos asignados por la Seguridad del Estado.
- No podrán publicar ni expresar su opinión en redes sociales.
- No podrán hacer declaraciones a la prensa.
- No deberán tener comunicación alguna con organizaciones de derechos humanos, tanto internacionales como Prisoners Defenders, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y otras, así como con organizaciones cubanas de derechos humanos.
- No podrán realizar actividad alguna por los derechos humanos, por los presos políticos o demostrar públicamente actitudes críticas con el gobierno, todas ellas consideradas actividades “contrarrevolucionarias” en el estado totalitario.
- No podrán viajar fuera de Cuba, ni tampoco tramitar solicitudes consulares, o incluso, en algunos casos, les ha sido vetado hasta poder continuar los trámites de solicitud de nacionalidad española, lo que muchos anhelan para tener un futuro en libertad.
- Todos deben comparecer a vistas regulares ante los jueces de ejecución para reforzar las amenazas.
- Todos están sometidos a escuchas telefónicas, registros, citaciones policiales y detenciones de forma arbitraria por las autoridades.
Lo descrito no es una excarcelación como se entiende en el mundo civilizado, y que seguro los negociadores de la Iglesia Católica hubieran deseado. Se trata, por el contrario, de un régimen carcelario domiciliar de facto, algo que la comunidad internacional debe repudiar enérgicamente y al unísono. Estas condiciones draconianas son sin duda una burla al proceso de negociación con el Vaticano y a la propia institución católica, y la constatación del nulo sentido de culpabilidad y reparación del que el régimen carece tras haber encarcelado y torturado a los más de 1.801 presos políticos inocentes de sus cargos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de diciembre pasado, en apenas 3 años y seis meses. El 31 de diciembre de 2024, permanecían condenados 1.161 prisioneros políticos, de entre los cuales 931 permanecían entre rejas (los clasificados por Prisoners Defenders como “Convictos de Conciencia” y “Otros presos políticos”) y otros 230 (los que denominamos y publicamos como “Condenados de Conciencia”) que cumplían situaciones similares a las ahora dispuestas para los 198 excarcelados. En estos momentos son, por tanto, 442 los Condenados de Conciencia en régimen penitenciario domiciliar con sus condenas intactas y bajo las gravísimas amenazas ya enumeradas en el apartado anterior. Aunque desde el exterior de Cuba, por desconocimiento o por desidia, no se lee la letra pequeña, y en el mundo diplomático se maneje la excarcelación como un cambio significativo, en Cuba no lo es. El régimen extracarcelario en Cuba para los presos de conciencia siempre es y ha sido históricamente un régimen carcelario domiciliar de facto altamente represivo y violento. Así, todos los presos excarcelados en anteriores negociaciones del régimen han sido detenidos y torturados decenas de veces al año, han sido revocados a prisión, y por ello han sido violentamente obligados a expatriarse o volver a prisión en peores condiciones que las anteriores, si es que cabe. A la vista de esta realidad, evidente para quien estudia la situación de represión en Cuba, Prisoners Defenders siempre ha mantenido en sus listas a los presos sometidos a estos regímenes de represión domiciliar, los llamados “Condenados de Conciencia”, hasta concluir el término de su condena y quedar propiamente liberados de sus condenas penales de forma íntegra. La lista de prisioneros políticos de Prisoners Defenders en estos momentos, por tanto, tiene un mix superior de Condenados de Conciencia (presos en régimen domiciliar) tras esta excarcelación, pero la cifra total de prisioneros políticos en Cuba sometidos a limitaciones severas de su libertad apenas ha variado, siendo en estos momentos de 1.158 prisioneros políticos, 442 de los cuales en régimen carcelario domiciliar de facto altamente represivo y violento. La reacción de muchas de las familias de los afectados por la excarcelación, y de éstos, está siendo notoria. La mayoría de los excarcelados, sobre todo aquellos manifestantes pacíficos, de antes y después del 11J que, tras la enorme represión y torturas sufridas, no conservan la voluntad de ejercitar la defensa activa de los derechos humanos, algo humanamente comprensible, son ya conscientes de que su vida será un infierno bajo las condiciones impuestas. Son decenas los excarcelados que están recabando el consejo de Prisoners Defenders y otras organizaciones para tramitar su salida de Cuba para cuando les sea posible dejar el país, deseando el exilio forzoso antes que el martirio bajo persecución, vigilancia, amenazas e impedimentos de hacer, jamás en su país, una vida normal. Defender los derechos humanos en Cuba es una función de altísimo riesgo que sólo unos pocos quieren ejercitar, a pesar de que todo el pueblo, de forma masiva, repudia al régimen que les somete. Esta excarcelación no sólo no libera por completo a ninguno de ellos, sino que ayuda a someter aún más a un pueblo pacífico que no merece pasar por el infierno de represión al que está subyugado. El 28 de enero, José Daniel Ferrer García, el líder social más admirado y seguido en Cuba, excarcelado el 16 de enero, se negó a asistir a una citación del Tribunal de Ejecución en Santiago de Cuba al negarse a aceptar ninguna de las tortuosas e inhumanas condiciones impuestas a todos los excarcelados. No obstante, el caso de Ferrer y algunos otros no es la tónica dominante: el silencio y el terror de las familias es inmenso. El estado de pánico entre las familias ha provocado que un porcentaje de éstas no hayan comunicado la excarcelación de sus familiares en público. Esto ha hecho muy ardua la tarea de identificación de muchos de los excarcelados. Así, a pesar del esfuerzo invertido por todas las ONG, las cifras de excarcelados de varias organizaciones han sido inferiores a las que hoy podemos publicar. Prisoners Defenders, en contacto con cada una de las familias de los prisioneros políticos desde 2018, desde el día 15 de enero se marcó la tarea de contactar una por una con cada una de las familias afectadas a través de un plantel de juristas y voluntarios que han hecho, por esta vez, las veces de un centro de llamadas. En un tiempo récord se han mantenido miles de conversaciones con dichas familias. Únicamente así hemos logrado verificar la situación de decenas de casos adicionales a los publicados por familiares y, como consecuencia, por otras organizaciones. Aún quedan por verificar, no obstante, algunos casos, por lo que la cifra podría llegar o superar a día de hoy los 200 presos políticos excarcelados este pasado enero. Otra dificultad a la hora de auditar la lista que en este informe presentamos es que el régimen logró inocular, entre las listas de excarcelados que han sido transmitidas en redes sociales, los nombres de personas que no habían estado en prisión o que no habían sido excarceladas, creando falsos insumos en diversas redes para alterar los registros de algunas organizaciones. Esta es una forma de operar de los regímenes totalitarios herederos del bloque comunista y la guerra fría que exige operar con suma cautela. El 98% de los 198 excarcelados fueron detenidos y condenados como consecuencia de participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y cumplían, y cumplen aún, penas de entre 3 y 15 años, a pesar de que incluso 31 de ellos ya deberían estar libres hace tiempo. La realidad es que las falsas medidas “de gracia” han sido un juego macabro del régimen ante sus negociadores del Vaticano. Tras 3 años y medio del 11J y, de haber aplicado los beneficios penitenciarios habituales surge un análisis que da tamaño al fraude cometido contra el Vaticano en la negociación: - 31 de ellos (15,66%) ya debían haber cumplido sus condenas, pero seguían presos.
- 2 (1,01%) de ellos adicionales terminarían de cumplir su condena en 4 meses o menos.
- A 57 (28,79%) de ellos adicionales les quedarían entre 6 y 18 meses de condena.
- A 67 (33,84%) de ellos adicionales les quedarían entre 18 y 42 meses de condena.
Teniendo en cuenta que no todos fueron encarcelados y condenados en la misma fecha, un total de 186 (93,94%) de ellos habían cumplido más de la mitad de su condena y tendrían derecho al régimen abierto, la libertad condicional o la libertad inmediata. [1] Por tanto, el 94% de los excarcelados ya debían haber obtenido beneficios penitenciarios desde este mes de enero, e incluso 31 de entre ellos debían estar totalmente libres. Tanto el pase a un régimen de mínima severidad o la libertad condicional han sido negados a todos los afectados mientras la negociación con el Vaticano avanzaba, permitiendo al régimen cubano hacer una excarcelación fraudulenta, es decir, compuesta en su mayoría por condenados que ya tenían que haber estado en libertad u obtenido beneficios penitenciarios hace muchos meses, e incluso más de un año en algunos casos. Sólo 12 del total de excarcelados (6,06%) de ellos están condenados a penas de hasta 15 años, y son los que se puede considerar han obtenido una medida “de gracia”. |
