Mientras Cuba vuelve a ser calificado por Estados Unidos como un país que apoya el terrorismo, en Colombia hay un malestar que comienza a crecer. Desde hace varios meses, las autoridades empezaron a detectar actividades inusuales y sospechosas de algunos de los diplomáticos cubanos apostados en el territorio nacional.
En un informe de carácter oficial, que llegó recientemente a la Casa de Nariño, se advierte que hay planes cubanos para interferir en las elecciones de 2022, desestabilizar al país e incluso dicen que la seguridad nacional podría estar en riesgo.
SEMANA tuvo acceso a dicho documento, que permanecía bajo reserva, y que lleva como título ‘Estrategia de injerencia cubana en asuntos de independencia y soberanía de Colombia’. Allí se lee textualmente: “Cuba ejecuta una estrategia de injerencia en Colombia a través de la orientación de cubanos con cobertura diplomática en organizaciones sociales solidarias, la infiltración de programas de cooperación con autoridades locales y su financiación por medio del ELN”.
Tras conocer el explosivo informe, el alto Gobierno ha encendido las alarmas frente a las actuaciones de varios cubanos en el país. Uno de los puntos que más llama la atención del dosier es que aparece mencionado el propio embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce Caraballo, quien presentó credenciales ante el Gobierno de Juan Manuel Santos en pleno proceso de paz con las Farc.
De él se asegura que “habría sido expulsado de Estados Unidos por espionaje el 19 de agosto de 1996”. Además, se hace una reseña de su gestión diplomática, y fuentes cercanas a la investigación le dijeron a SEMANA que se indaga si él y su segundo a bordo en Bogotá estarían al tanto del plan cubano de injerencia indebida en los asuntos internos del país. Las autoridades identificaron que los tentáculos cubanos tienen interés, simpatía y relación cercana con un aspirante a la Presidencia.
Máxima tensión
Las relaciones entre el Gobierno Duque y Cuba han sido tensas porque la isla, luego del fracaso de las conversaciones con el ELN, se ha negado a extraditar a la cúpula de dicha guerrilla, que permanece aún en La Habana tras el rompimiento de los diálogos de paz luego del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander.
Para el Gobierno, es un asunto prioritario que los jefes subversivos lleguen a Colombia y paguen por todos sus delitos. La isla se ha negado a forzar su regreso, pues argumenta que para esa negociación se acordaron unos protocolos entre el Gobierno y la guerrilla, en los que Cuba firmó como garante. Estos establecían que en caso de rompimiento del proceso, los guerrilleros podrían volver al país y tendrían 72 horas para refugiarse, sin ser capturados por las autoridades.
Aunque la situación en ese momento llegó a un punto de máxima tensión, esta investigación, por la gravedad de los señalamientos, podría empeorar aún más las relaciones entre Colombia y Cuba, y dejarlas casi al borde de la ruptura. Hoy, el alto Gobierno ha perdido la confianza en el embajador cubano en Bogotá.
De hecho, fuentes del Ministerio de Defensa se preguntan por qué razón, si la Cancillería tiene evidencias de un supuesto plan cubano de interferencia en Colombia, no se han tomado decisiones contundentes desde el punto de vista diplomático.
La preocupación de Colombia por las evidencias de las sospechosas actividades de algunos cubanos radica en el fin que se estaría buscando. “Esta estrategia implicaría la consolidación de redes de apoyo a sus intereses, presionar decisiones gubernamentales, cooptar adeptos a la revolución y generar desestabilización del sistema e instituciones democráticas”, advierte el informe, elaborado por agencias del Estado.
El dosier arroja datos precisos y señala que las actividades de injerencia estarían camufladas por medio de las tareas legales del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC), que tiene una relación estrecha con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), dirigido por Fernando González Llort. A él lo señalan de pertenecer a la red Avispa, junto con Gerardo Hernández Nordelo, quien fue la cabeza de ese famoso escándalo de espionaje en Estados Unidos a finales de los noventa. Ambos han sido invitados a encuentros virtuales anuales del MCSC, una organización que lleva muchos años operando en el país y sobre la cual no se había hecho ningún señalamiento público.
Esta última agrupación, según el informe, está conformada por 23 casas de solidaridad en todo el territorio nacional, de las cuales 17 están en funcionamiento y seis más se encuentran en proyección. Aun cuando las casas hacen referencia a organizaciones sociales y de ayuda y no hay ninguna investigación penal abierta en su contra, el dosier acusa a algunas de ellas de tener, supuestamente, vínculos con el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN y de recibir financiación de ese grupo terrorista, “la cual sería ‘legalizada’ a través de actividades como rifas y eventos”, revela el documento. SEMANA se abstiene de revelar los nombres de las casas en cuestión y de algunas personas para no entorpecer las investigaciones.
Para los investigadores, el papel del MCSC sería determinante en una estrategia indebida de Cuba en Colombia, que viola la convención de Viena. “El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba es ‘usado’ por cubanos para desarrollar actividades de cabildeo. Ejemplo: la firma de acuerdos de cooperación con autoridades locales colombianas, labores de diseminación de campañas mediáticas a favor de la isla y apoyo social a manifestaciones en contra de la estabilidad nacional”, señala el escrito.
Las autoridades consideran que por medio de esta organización se propician labores paralelas “de reclutamiento-adoctrinamiento de jóvenes”, con un perfil de inconformidad y vulnerabilidad al no recibir apoyos del Estado, y se impulsa la protesta social para golpear al actual Gobierno y generar un ambiente de inestabilidad y caos.
Sin embargo, resulta inconveniente no aceptar que la mayor parte de las personas que han salido a protestar pacíficamente en las calles del país lo han hecho de manera libre y espontánea, sin pertenecer a ningún plan orquestado del extranjero contra Colombia.
El Gobierno cree que Cuba no actúa en solitario. La inteligencia de las Fuerzas Armadas colombianas tiene plenamente identificados intereses comunes, y contrarios al país, también de Rusia y Venezuela. Los tres países conforman un eje que comparte información en torno a actividades de injerencia, espionaje e inteligencia que despliegan.
De hecho, uno de los datos más preocupantes tiene que ver con la ubicación de varias estaciones radioeléctricas por parte de los rusos en la frontera colombo-venezolana. Esta tecnología importada desde Moscú, y autorizada por el Kremlin, tiene la capacidad de escuchar y monitorear varios blancos colombianos de interés nacional.
El dosier le dedica un capítulo especial al incremento en la llegada de cubanos a Colombia, especialmente médicos, profesores, entrenadores y deportistas. Entre 2017 y julio de 2020, ingresaron al país aproximadamente 1.500 cubanos que manifestaron ejercer la profesión de la medicina. Sin embargo, el informe dice que no se especifica si su ingreso obedeció a motivos profesionales o de otra índole.
La duda aumenta teniendo en cuenta que, a la fecha, no hay convenios de cooperación vigentes entre autoridades locales colombianas y la isla para desplegar brigadas médicas cubanas en el territorio nacional. No obstante, se detectó que desde “la embajada y con el apoyo del MCSC a inicios de 2020, se realizó cabildeo para propiciar la firma de estos convenios en Bogotá, Chía, Zipaquirá, Cali, Medellín, San Andrés, Santa Marta, Barranquilla, Riohacha, Paipa, Manizales y Palmira”.
A la par con los médicos, el documento además menciona el arribo de por lo menos 900 profesores cubanos al territorio nacional en los últimos dos años sin existir acuerdos de cooperación vigentes en asuntos educativos. En 2020, por cuenta de la pandemia, no hubo novedades.
Para los investigadores, resulta llamativo que aunque en el Ministerio del Deporte actualmente solo hay registrados aproximadamente 50 instructores deportivos cubanos, “entre 2017 y 2019 habrían ingresado al territorio nacional 1.500 ciudadanos de ese país, quienes manifestaron desempeñar la profesión de entrenadores, y unos 2.700 se habrían registrado como deportistas”.
Pese a que el texto siembra estas dudas, vale la pena destacar que la mayoría de los cubanos que llegan al país lo hacen con sus papeles en regla, muchos de ellos huyendo de la dictadura castrista, y con el ánimo de rehacer sus vidas y trabajar legalmente en un país democrático.
Pero el dosier da pie a que se formulen las siguientes preguntas: ¿Por qué todos los cubanos que han entrado a Colombia no aparecen en los registros oficiales? ¿Qué pasó con ellos? ¿A qué están dedicados realmente? ¿Algunos de ellos tienen que ver con la estrategia indebida de injerencia de Cuba detectada por las agencias del Estado colombiano? En el informe queda claro que, por lo menos, no hay registro de la salida de unos 2.300 cubanos que ingresaron al país en los últimos años.
La joya de la corona
El informe advierte del posible impacto que pueda tener la injerencia cubana en un año electoral en la región. Ecuador, Perú y Chile vivirán elecciones presidenciales en los próximos meses, y Colombia también elegirá presidente el otro año. La preocupación de fondo, según este documento, radica en la posibilidad de que la interferencia del eje Cuba-Rusia-Venezuela termine siendo determinante en esos comicios para favorecer a la izquierda, que en los últimos años había venido perdiendo terreno político en el continente.
Un nuevo giro presidencial en los países vecinos hacia una izquierda populista podría repercutir, de acuerdo con fuentes de Palacio, en los intereses de Colombia en el corto, mediano y largo plazo, y ponerle trabas a la cooperación internacional en temas como la lucha contra el terrorismo, la defensa de los tratados de libre comercio, y los planes para enfrentar el narcotráfico y la criminalidad.
Colombia no quiere que se replique la historia de la frontera colombo-venezolana, en la que prácticamente campean a sus anchas disidencias de las Farc, guerrilleros del ELN, bandas criminales y delincuencia común, con la anuencia de las autoridades del vecino país.
Ya en otras épocas, la situación en la frontera con Ecuador ha sido preocupante, pues la selva ha servido de refugio para terroristas como alias Raúl Reyes, el exjefe de las Farc que cayó abatido en un bombardeo en territorio ecuatoriano, lo que desató una crisis binacional sin precedentes con el entonces Gobierno de Rafael Correa.
Hoy, Colombia es considerada la joya de la región porque a lo largo de su historia reciente ha podido mantener blindadas sus instituciones y su democracia a pesar de todas las amenazas e interferencias de Gobiernos extranjeros.
Mientras el Gobierno colombiano está en alerta y empieza a sentir desconfianza en la diplomacia cubana que hace presencia en Colombia, en las últimas horas se conoció un comunicado de los exnegociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo en el que le agradecen a Cuba su papel en el proceso de paz con las Farc.
A raíz de un pedido que ha hecho el Centro Democrático para que el Gobierno revise las relaciones con ese país, luego de la decisión de Trump de incluirlos en una lista de naciones que apoyan al terrorismo, de la Calle y Jaramillo señalaron: “Estamos obligados a reconocer y a agradecer el espíritu generoso y el profesionalismo que desplegó Cuba a favor de la paz de Colombia”.
De hecho, ambos cuestionan que Duque haya pedido en extradición a los líderes del ELN que están en la isla y lo calificaron como un “despropósito”.
“Es un acto de ingratitud estatal sin par con la República de Cuba que, en el marco de negociaciones similares con el ELN, el Gobierno de Iván Duque haya exigido la entrega a las autoridades colombianas de los miembros de esa delegación, en contra de los protocolos firmados por el Gobierno de Colombia y los garantes internacionales, que exigen regresar a los negociadores del ELN a sus lugares de origen en caso de rompimiento de las conversaciones”.
En otra carta, firmada el 13 de enero, 22 congresistas, incluidos algunos del partido Farc, le pidieron al Gobierno que reanude las conversaciones con esa guerrilla. Frente a Cuba, los congresistas recuerdan que “uno de los argumentos esgrimidos por la administración Trump sobre la calificación de Cuba como país que supuestamente auspicia al terrorismo es la permanencia de miembros de la delegación del ELN en su territorio”. Hasta ahora, la puerta de una eventual negociación con el ELN ha estado cerrada y condicionada a que cese la violencia y entreguen a las personas que mantienen secuestradas.
Lo que sí es un hecho es que si el Gobierno Duque decide sentarse de nuevo a la mesa con el ELN, no lo haría en Cuba. Seguramente, este documento oficial sobre el presunto plan de interferencia indebida de Cuba en Colombia desatará una tormenta diplomática y política.
¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar el Gobierno Duque con este informe secreto que reposa en sus manos y que fue elaborado por las propias agencias del Estado? ¿Qué hará la Cancillería? ¿Crecerá esta desconfianza que empieza a sentir Colombia frente al Gobierno de la isla y su delegación diplomática? ¿Qué hará Cuba ante estos graves señalamientos consignados en un informe oficial colombiano? ¿O simplemente no pasará nada, se impondrán la prudencia y la diplomacia, y ambas naciones seguirán conviviendo?
SEMANA contactó al embajador cubano, José Luis Ponce Caraballo, le formuló varias preguntas, y dijo que no iba a responder. Al cierre de esta edición, el MCSC no había contestado las dudas.
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