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Cuba llega a 2026 atravesada por dos crisis que avanzan en paralelo y se retroalimentan: el colapso energético y la consolidación de la represión como sistema de gobierno. En 2025, ambas se profundizaron hasta convertirse en rasgos estructurales que laceran profundamente la vida cotidiana. El balance es claro: ante la incapacidad de garantizar servicios básicos, el régimen responde con miedo, castigo y control. Por lo que, en la Isla, el ya recurrente apagón no es solo eléctrico, sino también político y social.
En septiembre de 2024, Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, dijo que, en 2025, Cuba disfrutaría de al menos un minuto de generación eléctrica sin depender de combustible importado. “La meta y la misión es empezar a engordarlo, hasta que llegue el momento en que dejemos de consumir combustible importado. Será un camino largo y lleno de obstáculos, pero es un camino seguro”, prometió.
La promesa, reafirmada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, se basó en que, durante el año que ahora termina, ocurriría “el crecimiento de las energías renovables, el crecimiento de ENERGAS, y las reparaciones que estamos haciendo en las unidades térmicas”. El plan incluía la incorporación de hasta 1.000MW de potencia a fines de 2025 mediante parques fotovoltaicos, y grandes mantenimientos a las unidades de generación de las termoeléctricas de Renté, Nuevitas, Mariel y Cienfuegos.
De la promesa a la realidad
Sin embargo, 2025 acaba y el esperado minuto de generación eléctrica sin combustible importado nunca se alcanzó; mientras, la situación energética no hizo más que empeorar. Después de tres apagones nacionales ocurridos entre noviembre y diciembre de 2024, el 14 marzo y el 10 de septiembre de 2025 ocurrieron otros dos, además de frecuentes averías en termoeléctricas y ciudades, desconexiones regionales y apagones extensos e interminables que han deprimido aún más la vida de los cubanos.
El 21 de mayo, la energía dejada de producir ascendió a 2.054MW, récord histórico de déficit eléctrico en el país, con cortes que superaban las 12 horas en buena parte del territorio. Luego de esto, la Unión Eléctrica reconoció que la demanda seguía muy por encima de la generación disponible y que existe un déficit permanentemente creciente.
Hace unos días, el 1 de diciembre, se volvió a batir la marca con una deficiencia de 2.105MW. Solo una semana después fue superada con 2.185MW, confirmando que la crisis del sistema eléctrico cubano es irreversible en el corto plazo. Esto significó apagones simultáneos en más del 60% del país, con zonas sin servicio por más de 24 horas continuas.
En resumen, el sistema eléctrico comienza 2026 en peores condiciones que las que tenía en igual fecha de 2025. Las plantas térmicas entran y salen de servicio, el petróleo escasea y todo apunta a que lo hará aún más, dada la presión militar de EEUU sobre la Venezuela de Maduro, mientras el funcionamiento de la frágil telaraña de producción y distribución de energía depende de toda clase de imponderables. Los apagones están asegurados para el nuevo año.
El sistema penal como herramienta de control político
En este contexto de deterioro material, el Estado reforzó el control político. Lejos de significar una distensión, la excarcelación a inicios de 2025 de 553 personas, entre ellas presos políticos, fue un paréntesis propagandístico. El gesto, presentado como humanitario y anunciado tras la mediación del Vaticano, terminó siendo un interludio. Lo que siguió confirmó una tendencia ya conocida: la represión se reorganizó y se profundizó.
Entre enero y junio de 2025, Cubalex documentó 1.566 violaciones de derechos humanos en Cuba, un promedio cercano a nueve abusos diarios. Los hechos ocurrieron en al menos 105 municipios y afectaron a 772 personas, muchas de ellas sin militancia política conocida. Las cifras confirmaron que la represión se extendió a amplios sectores de la población y va más allá de opositores, activistas y periodistas independientes.
Las violaciones más recurrentes incluyeron detenciones arbitrarias, amenazas, traslados forzosos a centros de detención, violencia física y psicológica, restricciones a la libertad de expresión y de movimiento, así como la negación de atención médica a personas detenidas o encarceladas. Pero el dato clave no es solo cuantitativo: los informes apuntan a un patrón sistemático, persistente y metódico, desplegado como política de Estado.
Uno de los rasgos más claros de 2025 fue el uso sistemático del aparato penal y penitenciario para disciplinar el descontento social. Las acusaciones se repiten: “desorden público”, “propaganda enemiga”, “sedición”, “sabotaje”. Delitos vagos, aplicados tanto a protestas pacíficas como a publicaciones en redes sociales o reclamos por apagones y escasez. La cárcel se consolidó como un instrumento de castigo político, social y psicológico, incluso contra ciudadanos sin historial de activismo.
Prisiones: enfermedad, castigo, muerte y huelgas de hambre
Torturas, aislamiento punitivo, hacinamiento extremo, desnutrición, brotes de tuberculosis y hepatitis, trabajos forzados y negligencia médica deliberada formaron parte del panorama de las prisiones en Cuba, descrito por organizaciones de monitoreo de derechos humanos.
Se sumaron a este cuadro las huelgas de hambre, como forma extrema de protesta. Durante octubre y noviembre, más de una decena de presos políticos iniciaron ayunos en distintas prisiones del país. El caso más emblemático fue el de Yosvany Rosell García Caso, detenido por su participación en las protestas del 11 de julio, quien inició una huelga de hambre el 23 de octubre para exigir mejores condiciones y aislamiento objetivo dentro del penal. Semanas después fue trasladado a un hospital en estado crítico y, tras 40 días, decidió deponer la medida.
Estos actos no son suicidas, sino protestas políticas en las que el cuerpo se convierte en el último medio de comunicación disponible cuando todas las vías institucionales quedan clausuradas. Desde 2022, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha registrado al menos seis prisioneros muertos como consecuencia directa de huelgas de hambre, subrayando la gravedad de esta forma de protesta extrema.
Asimismo, en 2025 varias organizaciones independientes documentaron más de 50 muertes bajo custodia del Estado, varias de ellas en prisiones, con indicios de falta de atención médica y encubrimiento oficial. En la mayoría de los casos, las autoridades no ofrecieron explicaciones convincentes ni permitieron investigaciones independientes.
Estas muertes no aparecen como hechos excepcionales, sino como el extremo más grave de un sistema penitenciario colapsado, donde la privación de libertad se convierte en un riesgo real para la vida y la impunidad es la norma. Quienes protestan desde prisión enfrentan represalias adicionales: aislamiento, negación de visitas, traslados forzados o nuevos cargos. La prisión no aparece como un espacio de rehabilitación, sino como un lugar de degradación física, psicológica y moral.
Represión más allá de la disidencia organizada
Uno de los rasgos más inquietantes de 2025 fue la expansión de la represión hacia la vida cotidiana. Protestar por apagones, denunciar escasez, compartir información o expresar inconformidad se volvió una actividad de riesgo. El régimen reforzó un entramado legal y policial que criminaliza conductas ordinarias, imponiendo el miedo como forma de gobernabilidad.
El balance de 2025 permite identificar con claridad varios elementos estructurales: represión normalizada, uso político del sistema penal, violencia institucional en prisiones, criminalización del descontento ciudadano e impunidad absoluta. No hay sanciones a los responsables, no hay justicia independiente, no hay reparación para las víctimas. En palabras de Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, “esto es una carrera de resistencia; el Estado tiene el poder para reprimir, y la sociedad civil solo tiene la persistencia”.
En conclusión: en 2025, las violaciones a los derechos humanos en Cuba fueron constantes, y el régimen optó por sustituir la gestión y la rendición de cuentas por el control y el castigo. La crisis energética oscurece hogares y ciudades, y sirve de telón de fondo para criminalizar el descontento y naturalizar la violencia institucional. Frente a un Estado que ya no garantiza derechos ni servicios básicos, documentar, denunciar y visibilizar se convierte en un acto de resistencia cívica imprescindible, y en la única herramienta para enfrentar un sistema que apuesta por el miedo y el silencio como formas de supervivencia política.
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