Esta semana estuvo marcada por una nueva escalada en las tensiones entre Washington y La Habana. Lo que comenzó el 1 de mayo con una nueva orden ejecutiva de Donald Trump endureciendo las sanciones contra el régimen cubano derivó, días más tarde, en plazos para sanciones secundarias y advertencias a inversores extranjeros. Como primera consecuencia: la retirada de la minera canadiense Sherritt International tras tres décadas de operaciones en la Isla.
La orden firmada por Trump amplía el alcance de las sanciones a personas, empresas y entidades extranjeras que negocien con sectores estratégicos controlados por el aparato militar cubano, especialmente Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). La medida incorpora un elemento político y geoestratégico sensible: la acusación de que Cuba se ha alineado con Irán y grupos como Hezbolá, ofreciendo “un entorno propicio para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas”, según funcionarios de la Casa Blanca.
Las declaraciones posteriores del secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, confirmaron que Washington no concibe estas nuevas sanciones como un gesto puntual, sino como parte de una estrategia de asfixia creciente. Rubio afirmó que la presión continuará “hasta que el régimen realice todas las reformas políticas y económicas necesarias”, y advirtió que EEUU no permitirá operaciones militares o de inteligencia extranjeras “a 90 millas de sus costas”.
La Administración Trump presenta así el caso cubano como un asunto de derechos humanos y democracia, pero también como un problema de seguridad hemisférica. Esto sitúa el conflicto en un plano estratégico y reduce los márgenes para eventuales flexibilizaciones futuras.
El paso decisivo llegó este 7 de mayo con un anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que otorgó hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras en Cuba liquiden operaciones vinculadas a GAESA o a entidades controladas por el conglomerado militar. Washington sancionó además a la general Ania Guillermina Lastres Morera y a la empresa Moa Nickel S.A., endureciendo el cerco sobre uno de los sectores más sensibles de la economía cubana: la minería del níquel y el cobalto.
La reacción de los mercados y de los inversores no se hizo esperar. El anuncio, el mismo día, de la salida de Sherritt constituye un grave golpe económico. La compañía canadiense era el mayor inversor extranjero individual en Cuba. Representaba entre el 70% y el 75% de la producción cubana de níquel, según el economista Ricardo Torres Pérez.
La empresa reconoció que, aunque todavía no había sido formalmente sancionada, consideraba inminente esa posibilidad y decidió abandonar la Isla antes de quedar atrapada en el nuevo esquema punitivo estadounidense. El impacto inmediato para Cuba es enorme. Sherritt participaba además en Energas S.A., responsable de alrededor del 10% de la generación eléctrica nacional, en un país que atraviesa una crisis energética crónica, con apagones prolongados y un sistema electroenergético al borde del colapso definitivo.
Más allá del golpe económico, la retirada de Sherritt tiene un profundo efecto simbólico y político. Si un socio histórico del castrismo, con décadas de experiencia operando bajo sanciones y en condiciones adversas, considera que el riesgo ha dejado de ser manejable, el mensaje para otros inversores extranjeros resulta inequívoco. La amenaza de una estampida empresarial no parece retórica.
Mientras tanto, La Habana intenta sostener un discurso de resistencia política y normalidad económica. Miguel Díaz-Canel calificó las medidas de “crueldad” y reconoció que agravarán la precariedad del país, aunque aseguró que fortalecerán la determinación oficial de “defender la Revolución y el Socialismo”. El Ministerio de Relaciones Exteriores elevó aún más el tono, denunciando una supuesta estrategia estadounidense para provocar hambre y desesperación e incluso crear condiciones para una “agresión militar”.
Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero pidió esta semana confianza a los inversores turísticos durante la inauguración virtual de FITCuba 2026 y aseguró que las sanciones “no serán duraderas”. La apelación revela la creciente incertidumbre que domina hoy al capital extranjero vinculado a Cuba.
El problema para La Habana es que llega a esta confrontación en condiciones muy desfavorables: el turismo se encuentra desplomado; las exportaciones de servicios médicos enfrentan crecientes restricciones; la crisis energética paraliza buena parte de la economía; y la producción de níquel, uno de los pocos sectores estratégicos restantes, sufre este golpe devastador. Por todo ello, algunas voces advierten que la ventana de oportunidad podría estarse cerrando. Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, sostuvo esta semana que La Habana debería negociar ahora con Washington, antes de quedar atrapada en un deterioro irreversible. Según Herrero, el hecho de que Rubio ocupe actualmente la Secretaría de Estado de EEUU crea una alineación política singular, que podría facilitar eventuales acuerdos si el régimen estuviera dispuesto a realizar concesiones significativas.
Pero no existen señales de que la dirigencia cubana contemple una rectificación de fondo. Al contrario, el discurso oficial insiste en cerrar filas ideológicas mientras el deterioro estructural se acelera.
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