EEUU redobla la presión cada semana. En los últimos días, dos de las principales fuentes de ingresos del régimen —el turismo y la exportación de servicios médicos— se vieron afectadas.
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Esta semana los efectos de las recientes sanciones estadounidenses sobre el Ministerio de Turismo se hicieron visibles de manera inmediata, revelando hasta qué punto la economía cubana está sostenida por estructuras extremadamente frágiles.
La salida definitiva de la cadena hotelera española Meliá, que llegó a administrar en Cuba 34 hoteles con cerca de 14.000 habitaciones, cerró una controvertida relación empresarial sostenida durante más de tres décadas. Horas después, la retirada de Iberostar con 18 hoteles y de Barceló con dos, hizo perder al régimen el conjunto de sus operadores de mayor experiencia y acceso al mercado turístico internacional.
Vale aclarar que las sanciones aplicadas primero a GAESA y luego al Ministerio de Turismo, no provocaron por sí solas el colapso de la industria turística en Cuba, sino que aceleraron de forma determinante un proceso que llevaba años tambaleándose. Cuando una empresa como Meliá reconoce que las condiciones operativas, jurídicas, económicas y financieras hacen imposible continuar, no se refiere a un problema coyuntural, sino al fracaso total de un modelo.
La inversión intensiva del Gobierno en el parque hotelero a pesar de la disminución de visitantes ignoró, además, el deterioro de la infraestructura técnica del país, dejando colapsar el sistema eléctrico y el resto de servicios esenciales. La inseguridad jurídica y financiera del Estado, incapaz de pagar a proveedores o permitir la repatriación de beneficios, implica también un riesgo imposible de asumir para muchos inversionistas. Esto, sumado a la drástica reducción de vuelos internacionales y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, terminó por hacer inviable un negocio que durante años fue presentado como la locomotora económica del país.
Por otra parte, se evidencia la dolorosa cuestión de la irresponsabilidad política, nunca reconocida por las hoteleras españolas, de utilizar las confiscaciones ilegales que el régimen puso a su disposición, y no exigir derechos para los cubanos tanto como empleados como clientes. Al respecto, el secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez-Boronat, lamentó que la salida de estas compañías “no sea el resultado de un elemental sentido de solidaridad con el sufrimiento del pueblo cubano, ni sea motivada por remordimientos de conciencia por el discriminatorio apartheid que la dictadura impuso por años, prohibiendo a los cubanos tener acceso a los hoteles administrados por Meliá”.
Al desaparecer esta semana los grandes operadores internacionales que habían servido como escaparate del modelo turístico cubano, finaliza una etapa donde este sector alimentaba la narrativa oficial de que el país podía ser competitivo en determinados mercados. La crisis deja también sin ingresos a cientos de trabajadores cubanos, y alcanza a restaurantes, agencias de viajes, transportistas y pequeños negocios que durante años vivieron alrededor del turismo internacional.
Reforzando su estrategia para impulsar un cambio de régimen político en Cuba, esta semana Washington amplió sanciones contra otra de las principales fuentes de divisas: las misiones médicas internacionales. La inclusión entre las entidades sancionadas de la Unidad Central de Cooperación Médica y de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, encargada de gestionar la contratación de al menos 20.000 profesionales desplegados en más de 50 países, representa un paso adicional en el objetivo de dificultar el flujo de ingresos hacia el régimen. Ambos organismos participan en un sistema de trabajo forzoso mediante el cual se apoderaban de entre el 50% y el 95% del salario de los profesionales enviados al exterior, tal y como demostró una investigación de DIARIO DE CUBA en 2018.
El cuadro se completa con nuevas sanciones sobre empresas energéticas, la Terminal de Contenedores del Mariel, Coral Marítima, Ceiba Investments y ORBIT, una procesadora de remesas vinculada por Washington al conglomerado militar GAESA. Todas responden a una misma lógica: dificultar que el régimen encuentre nuevos canales para mantener el acceso a divisas y a los mercados internacionales.
De este modo, desde Washington continúan llegando señales de que la presión no disminuirá. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este jueves que Estados Unidos sigue buscando una oportunidad para influir en el futuro de Cuba y reiteró que el problema fundamental del gobierno cubano no es únicamente económico, sino político: la negativa a introducir cambios que puedan poner en riesgo el monopolio del poder.
Más allá del debate político, las implicaciones económicas son considerables. La directora de Archivo Cuba, María Werlau, dijo a DIARIO DE CUBA que estas medidas estrechan aún más el cerco financiero levantado durante las últimas semanas, al dificultar que bancos y gobiernos continúen procesando pagos hacia entidades cubanas sin exponerse a sanciones secundarias.
De conjunto, las sanciones estadounidenses han encontrado un sistema extraordinariamente debilitado, sin reservas financieras ni capacidad para sostener su infraestructura, con un turismo en caída libre y cada vez menos socios internacionales dispuestos a asumir riesgos. La cuestión que sigue dilatándose sin respuesta es cuánto tiempo podrá sostenerse un modelo cuyo margen de maniobra se reduce semana tras semana y que pierde aceleradamente todas sus alternativas de financiamiento.
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