La respuesta del régimen cubano a las masivas y espontáneas movilizaciones desarrolladas a lo largo de toda la isla para, mayoritariamente, reclamar servicios básicos se ha concretado en 30 de los 34 nuevos presos políticos en noviembre: 17 presos políticos en Villa Clara, 3 presos políticos en Ciego de Ávila, 2 presos políticos en Camagüey,7 presos políticos en Santiago de Cuba y 1 preso político en Pinar del Río. En Camagüey, durante el mes noviembre se reportaron varias protestas relacionadas con los prolongados apagones y la crisis energética que afecta al país. En el reparto Nuevo Salomé, los vecinos organizaron un cacerolazo como protesta por un apagón que duró aproximadamente 20 horas. Durante la manifestación, se escucharon gritos exigiendo "¡Corriente y comida!". La protesta fue disuelta con la llegada de una patrulla. La provincia de Camagüey ha sido una de las más afectadas por la crisis energética. Los residentes expresaron su indignación también a través de redes sociales, relatando cómo las condiciones han impactado negativamente en la calidad de vida, desde alimentos descompuestos hasta dificultades para cuidar a niños y personas mayores debido al calor extremo y la falta de electricidad. Detenida una pareja de ancianos, agricultores, en Sierra de Cubitas, Camagüey. Eddy Sánchez y Mercedes González están incomunicados y sin tutela judicial desde el pasado 14 de noviembre. A ambos se les acusa falsamente de haber cortado el cable de la telefonía móvil. Están siendo procesados por el amplio y ambiguo delito, fabricado en este caso, de "Otros actos de terrorismo" por "evidenciar el propósito de (…) provocar estados de alarma, temor o terror en la población" y/o "provocar afectaciones [sic.] a bienes de significativa consideración o importancia, (…), o la seguridad del Estado cubano", y no les permiten hablar con ningún familiar desde el día de la detención. Los familiares y el entorno del matrimonio niegan rotundamente cualquier vinculación de ambos al corte de dicho cable, su familia añadió que son dos personas enfermas y de avanzada edad, que lo único que hacen es trabajar y cuidar de sus familiares. En Encrucijada y Manicaragua, municipios de Villa Clara, las protestas del 7 de noviembre de 2024 fueron motivadas por las más de 48 horas sin suministro eléctrico causadas por el colapso del sistema electro-energético nacional. Cientos de habitantes no políticos se congregaron frente a la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular, realizando cacerolazos y gritando consignas como "¡No nos van a callar!", demandando el restablecimiento del servicio eléctrico. El gobierno cubano respondió bloqueando el acceso a internet y utilizando diversos métodos de intimidación, como amenazas directas y la identificación de manifestantes por parte de agentes que apuntaban con linternas hacia ellos. Las tensiones culminaron con la presencia de las autoridades locales, quienes intentaron calmar a los manifestantes. Al día siguiente, la razzia de amenazas, visitas, citaciones y detenciones arbitrarias de los manifestantes se puso en marcha por la Seguridad del Estado. Varias personas fueron arrestadas, incluyendo a ciudadanos en otras localidades de Villa Clara donde se registraron incidentes similares. Estos hechos evidencian un patrón represivo para cercenar, desde el Estado, el ejercicio del derecho a la protesta en Cuba. El periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez fue detenido el 8 de noviembre de 2024 y se encuentra sin tutela judicial en a la Prisión La Pendiente, en Santa Clara. Barrenechea es autor de varios libros y ha colaborado con medios independientes como Árbol Invertido, 14ymedio y Cuba Encuentro. Desde 2019 está regulado para impedirle salir del país, se le niega el derecho a trabajar, y sus libros están prohibidos en Cuba. Los investigadores penales, para acallar su voz crítica, pretenden fabricarle un delito de “Sedición” por haber participado en las protestas pacíficas de su localidad natal. El pasado 6 de diciembre José Gabriel Barrenechea Chávez detalló lo ocurrido en Encrucijada aquel 7 de noviembre y la causa de su encarcelamiento, en una carta enviada desde la prisión: "Yo, José Gabriel Barrenechea Chávez, participé en la noche del 7 de noviembre en Encrucijada, donde resido, en una manifestación espontánea, masiva y pacífica, que no tuvo otra intención que reclamar la reposición de la corriente eléctrica, tras 45 horas sin ella, y una semana en que no llegamos a tenerla más que durante 10, 12 horas en total, entre cortos intervalos de 2 o 3 horas. Me limité en dicha manifestación a estar presente, después de haber comenzado, y en todo caso a ayudar a mantener el orden al evitar algún roce entre manifestantes y autoridades, de lo que ellos mismos, si no faltan a la verdad, podrán dar fe. Es importante señalar que dicha manifestación se disolvió tan espontáneamente como comenzó, al ser repuesta la corriente. También que ni yo, ni los manifestantes reclamamos nada más que la vuelta de la normalidad con la corriente eléctrica y en ningún momento se pidió nada inconstitucional. En mi caso se me mantiene encerrado para acallar a un crítico, en sus análisis y publicaciones, de la gestión del gobierno, y de las posibilidades reales del sistema sociopolítico cubano para sacar al país de la crisis en que se encuentra sumido". En este municipio también fueron detenidos el 8 de noviembre Andy Pérez Medero y Yandri Torres Quintana, ambos encarcelados sin tutela judicial en la Prisión La Pendiente de Villa Clara. Yandri fue detenido a las 2pm en casa de su madre; es cuidador de su madre y de su abuela pues su madre es invidente y su abuela sufre una discapacidad física. Padece hipertensión, y cuando fue detenido no le permitieron llevar consigo sus medicinas. En Encrucijada también fueron detenidos Rasiel Cárdenas Pérez, Rafael Camacho Herrera, Héctor Luis Olivera Rodríguez, Rodel Rodríguez Espinosa, Marcos Daniel Díaz Rodríguez y Ruben Martel, todos recluidos sin tutela judicial en el Centro de Prevención de Santa Clara y acusados de "Desórdenes públicos", también les imputan un delito por haber escrito "patria y vida" en la fachada de una casa durante la protesta. Aliucha Herrera, madre de Rafael Camacho Herrera, fue detenida al personarse en la Unidad Policial de Encrucijada cuando, junto a otros familiares de los detenidos, solicitaban información acerca de estos. Todos ellos han sido detenidos y han sufrido privación de libertad sin tutela judicial alguna. Fue detenido Roy Galindo, un menor de 17 años que nunca había tenido problemas con la policía ni es considerado "CR" (Contra-Revolucionario) ni "antisocial" (estado policial anterior a ser considerado "CR") por las autoridades. Por su parte, otro nuevo preso político, Leonel Débora, anteriormente fue amenazado y hostigado por expresar sus insatisfacciones tocando calderos y no callarse ante los abusos. Aunque su familia asegura que no salió la noche de las manifestaciones, el 8 de noviembre, mientras realizaba un trabajo de albañilería en un domicilio, irrumpieron agentes de la Seguridad del Estado y se lo llevaron sin siquiera dejarle cambiarse de ropa. Osvaldo Agüero, un conocido deportista en su municipio que ha sido encarcelado sin tutela judicial en la Prisión La Pendiente de Santa Clara, fue detenido sólo por ser reconocido en vídeos de la manifestación de Manicaragua publicados en las redes sociales. Yoeny Cruz León, hijo de la delegada de la zona, padre de familia respetado y con aparente prestigio en su comunidad, no participó en ningún acto vandálico o criminal que justificara su detención. También fueron detenidos en esta localidad Lizander Morera, Rafael Bode y Raymond Márquez. Todos ellos han sido detenidos y han sufrido privación de libertad sin tutela judicial alguna. Las manifestaciones ocurridas el 7 de noviembre de 2024 en el municipio de Ciro Redondo, Ciego de Ávila, se originaron debido a apagones prolongados durante meses que incluso llegaron a dejar a la población sin electricidad por más de 24 horas seguidas en noviembre. Las protestas, por tanto, fueron protagonizadas por ciudadanos no políticos cuyas reivindicaciones fueron, por encima de cualesquiera otras, el restablecimiento de la corriente eléctrica. Adiane Hernández Calderón, Yordanka López González y Diosbany Almaguer, fueron detenidos el 8 de noviembre en Ciro Redondo. Se encuentran encarcelados e incomunicados sin tutela judicial en el Centro de Instrucción Penal en Ciego de Ávila. Están siendo acusados de "Desórdenes públicos" aunque no participaron en la protesta, pero sí la presenciaron, y fueron fotografiados, y posteriormente identificados, observando la protesta por agentes de la Seguridad del Estado que se encontraban en esta localidad. Las recientes manifestaciones en Santiago de Cuba fueron impulsadas por extensos apagones que afectaron a la población durante hasta 48 horas consecutivas. Los cortes, parte de una crisis energética prolongada, agravaron las condiciones ya precarias de muchos ciudadanos, quienes también enfrentan escasez de alimentos y altos costos de vida. Los manifestantes, sin lema ni intencionalidad política, salieron a las calles en barrios como San Pedrito y la avenida Trocha, exigiendo “comida y corriente” mediante cacerolazos y gritos de protesta. Estas acciones fueron rápidamente oprimidas por patrullas policiales y cortes de internet móvil en la zona, medidas que se implementan para contener la difusión de imágenes y coordinar movilizaciones. La protesta también atrajo la atención de figuras locales, como la primera secretaria del Partido Comunista, Beatriz Johnson, quien fue recibida con escepticismo y abucheos por los manifestantes. El gobierno cubano atribuyó la situación de precariedad de la red eléctrica a problemas de índole técnica en las plantas termoeléctricas y a la falta de combustible, exacerbada por la retirada de apoyos internacionales. Sin embargo, dejaron entrever que el ejercicio de libertad de expresión espontáneo del pueblo debía ser atribuido a supuestos “enemigos de la Revolución” que estarían intentando desestabilizar el país aprovechando la situación. Una situación, por otra parte, gravísima y de una negligencia mayúscula, confesada públicamente por parte de las autoridades. Desde el exterior, ciertas instituciones han instado a respetar los derechos de los manifestantes, pero las autoridades cubanas han rechazado reiteradamente cualquier interferencia extranjera en sus asuntos internos. Luis Adrián Pupo García fue detenido el 18 de octubre por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria cuando se manifestaba pacíficamente en el parque central de La Maya tras al apagón general de 4 días. Se encuentra recluido en prisión preventiva sin tutela judicial en Aguadores, en Santiago de Cuba. Ha sido falsamente acusado de un delito de “Desacato” y otro de “Desobediencia” por los mismos policías que le siguen y hostigan 24 horas al día con infinidad de citaciones desde que, en marzo de 2023, interpeló respetuosamente a Miguel Díaz Canel en una reunión pública durante el recorrido que hizo el presidente en Songo La Maya. Ante su detención, el preso político no mostró resistencia alguna. Ya en la unidad policial de Las Matas, en Santiago de Cuba, Luis Adrián mostró su inconformidad ante la solicitud de las autoridades de entregar su teléfono y, posteriormente, cuando fue trasladado a la parte de atrás de la unidad policial, es decir, donde están las celdas, los agentes de la autoridad le propinaron una golpiza. Su madre no pudo verlo hasta pasados 4 días. La visita estuvo supervisada en todo momento por un agente de la autoridad para impedir que se comenten hechos que suceden dentro de la prisión. Los hermanos Daniel Barrios Figueredo y Dional Barrios Figueredo fueron arrestados el 6 y 7 de noviembre, respectivamente, en Bayamo (Granma), acusados de "alteración del orden", cuando en realidad ninguno participó en la protesta y eran meros espectadores. Dional debió ser liberado el 21 de noviembre bajo una medida cautelar de fianza de 100.000 pesos cubanos sin tutela judicial. No obstante, ha seguido detenido en la Unidad Policial de Bayamo. A los familiares no les permiten visitarle, pero les han informado de que podrán llevarle pertenencias que serán entregadas por el personal de la prisión. Rafael Borrero Torres, un menor de edad de 17 años, fue detenido el 14 de noviembre después de las protestas que se llevaron a cabo en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba. Fue trasladado por las autoridades penitenciarias a la unidad policial del Municipio de Mella, donde estuvo incomunicado sin tutela judicial alguna. Le quieren acusar de un delito de "Desórdenes públicos". Las autoridades policiales y judiciales del municipio Mella, en Santiago de Cuba, le han excarcelado con una fianza de 10.000 pesos cubanos sin tutela judicial. Oneida Quiñones Díaz fue detenida con violencia en Palmarito de Cuba, Santiago de Cuba, el 15 de noviembre, junto con otros vecinos, entre ellos su hija, Mileidis Maceo Quiñones, y Edilkis León Giraudi, ambas activistas de la UNPACU. Oneida es diabética, asmática crónica y tiene una discapacidad. Las autoridades le han excarcelado bajo amenazas con una fianza de 10.000 pesos cubanos sin tutela judicial. Mileidis Maceo Quiñones y Edilkis León Giraudi están siendo acusadas de haber incurrido en un delito de "Desórdenes públicos", y otro de "Daños". Fueron trasladadas a prisión el pasado 4 de diciembre, tras serles denegado un cambio en la medida cautelar sin tutela judicial que tienen impuesta. David Rosell fue detenido el pasado 2 de octubre tras realizar una protesta en solitario en Río Seco, Pinar Del Río. El motivo de esta era denunciar los continuos apagones, el desabastecimiento y la ineficiencia de las instituciones. El preso político colocó un madero en la carretera hacia el municipio de San Juan, para impedir el paso hacia dicha localidad. El 18 de noviembre fue trasladado a la Prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar Del Río, sin tutela judicial. Las autoridades le acusan de haber incurrido en un delito de "Desórdenes públicos" y "obstrucción de la vía pública". Además de los 30 manifestantes detenidos en noviembre, hemos identificado otros 4 nuevos presos políticos incluidos este mes en nuestra lista. Annie Simpson Del Prado, manifestante del 11J, detenida el 28 de enero de 2022 en San Miguel del Padrón, la Habana, fue condenada a 7 años de privación de libertad por los fabricados delitos de “Desacato”, “Desórdenes públicos” y “Atentado”. Su hija, Jennifer Pereira Simpson, menor de edad en la fecha de los acontecimientos, también fue detenida junto a su madre y fue condenada a 4 años de privación de libertad subsidiada por trabajo forzado sin internamiento. Gregorio Rafael Ocaña García, prisionero político cuyo caso ha aflorado ahora, está recluido en la Prisión Provincial de Villa Clara. Eliosbel Quevedo Valladares, activista de FANTU, fue detenido en Cumanayagua, Cienfuegos, el pasado 7 de noviembre en torno a las 7 am cuando salía de su casa en dirección de su trabajo. Desde que fue detenido, los agentes de seguridad del Estado le han mantenido en la Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria sin tutela judicial. Cuando sus familiares se personaron allí, los agentes les indicaron que el preso político efectivamente estaba detenido en dichas instalaciones, y que seguiría ahí hasta próximo aviso. Todos fueron detenidos durante largos períodos de tiempo sin tutela judicial. En noviembre hemos verificado que 70 de los 1.148 prisioneros políticos registrados en nuestra lista padecen trastornos de salud mental clínicamente diagnosticados y 650 sufren distintas patologías médicas. Los prolongados cortes de energía eléctrica han agravado aún las condiciones de vida para estos prisioneros. Al desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el hacinamiento y la nula atención médica se les suma la falta de acceso al agua, aumentando el riesgo a contraer distintas enfermedades y agravar las que ya padecen. Capítulo aparte merecen los actos de tortura y abuso que los agentes de las prisiones ejercen sobre los prisioneros políticos. Como evidenciamos en nuestro Primer Estudio Integral sobre La Tortura en Cuba: todos los prisioneros políticos son torturados. Identificamos 15 tipologías de torturas y demostramos que el 80% de los presos políticos analizados (181) han padecido 5 o más tipologías de tortura. Enfermos sin atención médica, torturas, hambre y desabastecimiento han provocado la muerte de 4 prisioneros políticos en Cuba en el último año, casos que exponemos a continuación. El prisionero político y activista de la UNPACU, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 29 años, falleció el 30 de noviembre en la prisión Combinado del Este de La Habana, donde cumplía una sanción de 6 años de privación de libertad por haber filmado y difundido videos de las marchas antigubernamentales de las protestas del 11 de julio en La Habana. Manuel de Jesús recibió una brutal paliza en prisión. Su familia pudo ver su cuerpo y, tras examinarlo, localizaron huesos rotos y hematomas en la espalda, cuello, brazos y encima del pulmón derecho, que evidencian la terrible y violenta agresión que sufrió Manuel. Dos días antes de su muerte, el 28 de noviembre, Manuel de Jesús advirtió a su familia de lo que podría ocurrir y desde prisión envió a su familia este mensaje de voz: “Papi, yo no... como decirte, les van a decir lo que les dé la gana a ellos, pero no le van a decir que adentro cogieron unos cuchillos, mandaron a una gente a amenazarme y toda esa historia. Me la vi negra. ¿Entiendes? Por eso simplemente estoy tomando esta acción”. Represor responsable: el Capitán Luis Arango Pestana Son varias las familias que han contactado con Prisoners Defenders para denunciar lo que ocurre en la Prisión Combinado del Este de La Habana respecto a los actos de tortura que los represores emplean contra los presos políticos, como el Capitán Luis Arango Pestana, Jefe del Edificio 2 de esta prisión, donde se ubican las celdas de castigo, y a quien diversas fuentes dentro y fuera de prisión apuntan como responsable de la muerte de Manuel de Jesús Guillén Esplugas y de otros reclusos, además de un perpetrador habitual de todo tipo de torturas. Distintos familiares de prisioneros políticos aseguran que, con el Capitán Luis Arango Pestana, “el que no sale muerto sale grave". Pestana, según nuestras fuentes, lleva más de 20 años torturando: “los meten con la “shakira” [una forma de aplicar esposas a manos y pies uniendo ambas extremidades], en posición fetal, y ahí les caen a golpes. Es el método que usan”. La “shakira” es un método de tortura que consiste en esposar manos y pies con cadenas para inmovilizar al preso, quedando recostado en el suelo en posición fetal. Fue el método con el que Pestana torturó al prisionero político y activista Yasser Rivero Boni en 2014 (36 bastonazos que le llevaron al borde de la muerte y le dejaron secuelas para toda la vida), y el mismo método que parece haber usado para acabar con la vida del joven Manuel Jesús Guillén Esplugas. Yaquelin Boni, madre de Yasser Rivero, denuncia que el Capitán Luis Arango Pestana pretende acabar con la vida de Yasser: “él expresó que mi hijo en 2014 quedó con vida, pero que se iba a encargar de entregármelo muerto”. Igualmente, familiares de Dayron Martín Rodríguez, condenado a 22 años en la Prisión Combinado del Este de La Habana por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, denuncian que del Capitán Luis Arango Pestana lo agredió y amenazó. Temen por la vida de Dayron, pues padece esquizofrenia, depresión y úlcera estomacal. El prisionero político Yosandri Mulet Almarales era paciente psiquiátrico antes de entrar en prisión, donde nunca recibió tratamiento ni el Estado le proveyó de sus medicamentos tras su detención y encarcelamiento. Detenido con 34 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, fue condenado a 10 años de privación de libertad por el fabricado delito de “Sedición”, que cumplía en la Prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana. No pudiendo con dicha situación, Yosandri se suicidó el 26 de agosto de 2024 al tirarse desde un puente justo antes de regresar de un permiso penitenciario. Ya había manifestado su intención de no regresar a prisión debido a su débil estado de salud mental. En 2022, ya había intentado quitarse la vida en la prisión Combinado del Este, pero el régimen cubano se negó a concederle la licencia extrapenal. Geraldo Díaz Alonso, de 35 años, falleció el pasado 17 de octubre en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Matanzas. Durante su encarcelamiento en la Prisión de Canaletas, enfrentó condiciones inhumanas, incluyendo mala alimentación, ausencia de atención médica para sus padecimientos de hipertensión, diabetes y problemas renales, así como castigos muy severos como la reclusión prolongada en celdas de aislamiento. Además, su esposa fue amenazada por denunciar las injusticias sufridas por él. El maltrato y la falta de atención médica le llevaron a sufrir un inevitable infarto que acabó con su vida. El día de su detención, durante las protestas del 11 de julio de 2021, fue subido violentamente a una patrulla y estuvo varias jornadas incomunicado, en situación de desaparición forzada y sin tutela judicial alguna. Padre de un niño y con otro en camino en ese momento, fue condenado a 14 años de prisión. Su proceso judicial estuvo plagado de irregularidades: no tuvo acceso a una defensa efectiva, y su caso no fue conocido por un juez hasta el día del juicio. Antes de ser juzgado, sufrió medidas cautelares de privación de libertad impuestas arbitrariamente y sin tutela judicial alguna. Primeramente, por el policía instructor y posteriormente por la Fiscalía, algo que es la norma en Cuba. Luis Barrios tenía 36 años y adquirió una broncopulmonía en prisión. Murió el 19 de noviembre de 2023 por la negación de atención médica durante meses. Sufría una condena de 9 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente el 11J en Cuba. Tras manifestarse pacíficamente recibió una golpiza de la policía. Fue encarcelado por un fiscal, sin tutela judicial, y en prisión sufrió maltratos que derivaron en un estado emocional paupérrimo. Los familiares y allegados aseguraron que el deterioro de su salud fue paulatino y que la negativa de atención médica fue deliberada, algo evidente puesto que ése es el patrón de maltrato más generalizado entre los presos políticos en Cuba. También denunciaron que tuvieron que llevar antibióticos para que le fueran suministrados en prisión. Pocos días antes de su muerte las autoridades penitenciarias se negaron a dejarlo ingresado en un hospital. La negación al acceso de atención médica provocó su muerte. El prisionero político, líder social y Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, inició una huelga de hambre el 6 de diciembre en señal de protesta por las “constantes torturas físicas y psicológicas, así como las condiciones infrahumanas” a las que es sometido en la cárcel de Mar Verde. El pasado 18 de noviembre José Daniel fue brutalmente agredido con objetos punzantes por 6 guardias de la prisión que le causaron lesiones por las que estuvo sangrando durante 2 días. Fue ingresado a la fuerza en el Hospitalito de la Prisión de Boniato donde han fallecido en los últimos días 22 presos comunes por tuberculosis y Leptospirosis. “Es tanta la hambruna que se comen los ratones”, indicó. José Daniel Ferrer ha pasado más de 12 años en prisión, en 3 cárceles distintas. Es el peaje que lleva pagado por luchar sin descanso y de forma pacífica, ofreciendo servicios a su comunidad y trabajando por los derechos humanos en Cuba y la libertad de su pueblo. Fue acusado, pero no procesado judicialmente, por “Desórdenes públicos” por intentar unirse a las manifestaciones pacíficas del #11J en Santiago de Cuba, lo que ni siquiera logró (al ser detenido antes de unirse a la manifestación), y cumple una condena de más de 4 años de privación de libertad impuesta en 2020 en la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba, que inicialmente estuvo subsidiada por Libertad Limitada, pero cuyo período hasta su detención el 11 de julio de 2021 no ha sido contabilizado por las autoridades, por lo que está en prisión en violación de la propia ley de Cuba. Es el preso más torturado de toda la isla, y el mayor líder social en prisión actualmente en Cuba. Tras 6 días en huelga de hambre, José Daniel Ferrer ha podido mantener una breve llamada con su familia, en donde firmemente y a pesar de las torturas y golpizas a las que es sometido, ha manifestado: “A todos dales mi agradecimiento, mi gratitud. Y que sepan todos también que José Daniel prefiere morir a rendirse. Y que precisamente por esa postura durante toda mi vida, durante toda mi lucha, es que estoy siendo víctima de todas estas situaciones y de todos estos ataques, uno tras de otro y de manera creciente”. 9 de diciembre de 2024. El prisionero político del 11J Andy Dunier García Lorenzo inició una huelga de hambre el pasado 27 de noviembre para exigir la devolución de documentos personales confiscados por las autoridades de la prisión de Guamajal, en Santa Clara, donde cumple una condena fabricada de 4 años que le impuso el régimen por participar en las protestas del 11J. "Yo sé que existen torturas en prisión, no quiero encontrarme con el fenómeno de que mi hijo está golpeado. Yo dejé bien claro que Andy no podía ser golpeado ni torturado. Se encuentra muy débil, le falta el aire y lo encontramos hablando como si estuviera drogado", ha advertido su madre en este vídeo. Con cierre de datos a fecha 30 de noviembre de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.148 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de diciembre de 2023 a 30 de noviembre de 2024) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 155 nuevos presos políticos (un promedio de 13 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.213 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados. Cuba ha totalizado 1.785 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de noviembre pasado, en apenas 3 años y cinco meses. Han entrado este pasado mes de noviembre en nuestra lista 34 nuevos prisioneros políticos. Y 3 prisioneros políticos ha salido de nuestra lista este mes pasado, dos de ellos tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta y la baja por la muerte del joven Manuel de Jesús Guillén Esplugas tras recibir una brutal golpiza el 30 de noviembre en la prisión Combinado del Este de La Habana. Entre los presos políticos hemos documentado hasta la fecha, en la lista actual, 650 presos con patologías médicas graves y 70 presos con trastornos graves de la salud mental, sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado. De los 1.148 prisioneros políticos: - Los prisioneros que han sido detenidos siendo menores se ha incrementado este mes con tres menores más, dos de ellos detenidos por recientes manifestaciones (Roy Galindo, con 17 años, detenido en Manicaragua, y Rafael borrero Torres, detenido por las manifestaciones de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba), lo que suma total de 33 (31 chicos y 2 chicas) actualmente entre los prisioneros políticos. 29 de ellos aún cumplen sentencia y 4 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otras muchas decenas de menores que ya han salido de la lista de presos políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter totalmente penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las propias Naciones Unidas.
- 15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por “Sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 219 manifestantes han sido acusados de sedición y 218 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
- La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 128 mujeres (incluyendo menores y dos de género trans), las que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
- Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.
- Entre los presos políticos hemos identificado 650 presos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada. Por otro lado, hemos verificado 70 presos políticos con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado.
Los 1.148 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos. La clasificación actual de éstos es la siguiente: - 880 Convictos de Conciencia
- 229 Condenados de Conciencia
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