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El jueves 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” respecto al régimen cubano y advierte de la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a la Isla. Según el documento, “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y agentes malignos”.
La orden sostiene que “la situación con respecto a Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses, y acusa al régimen de perseguir y torturar a opositores políticos, negar las libertades de expresión y de prensa, aprovecharse de la miseria de la población y cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Un día antes, el secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, había sido aún más explícito ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado. “Por supuesto que queremos ver un cambio de régimen en Cuba”, afirmó, aunque aclaró que Washington no pretende imponerlo directamente. “Nos encantaría que sucediera. Sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba no estuviera gobernada por un régimen autocrático”.
Rubio insistió en que la crisis cubana trasciende el debate ideológico. “No tienen una economía funcional. Lo pueden llamar marxismo o comunismo, pero ni siquiera Lenin reconocería esta versión”, dijo. A su juicio, el sufrimiento en las zonas rurales no es consecuencia del embargo, sino de la incapacidad del Gobierno para gestionar la economía. “¿Cómo es posible que el mayor productor de azúcar del mundo esté importando azúcar?”, preguntó.
Las declaraciones y medidas de la administración estadounidense fueron respaldadas por congresistas cubanoamericanos de Florida. En La Habana, mientras tanto, el régimen enfrenta un escenario de presión máxima, tanto externa como interna.
Un régimen sin margen de maniobra
Durante décadas, el régimen cubano eludió responsabilidades y apeló a la victimización externa para justificar el deterioro del país. Ese discurso ha omitido deliberadamente cualquier referencia al fracaso estructural del modelo económico y al control estatal absoluto que ha lastrado la capacidad productiva y energética de la Isla y, sobre todo, ha sometido a la población cubana a un abuso que ha terminado en muerte, miseria, éxodo, exilio y cárcel.
Hoy, ese margen retórico parece agotado. Asfixiados por la escasez y el colapso de los servicios, los cubanos se muestran cada vez más escépticos hacia la narrativa oficial, mientras el régimen se queda sin aliados dispuestos a asumir el costo de su sostenimiento.
Según la empresa de inteligencia de mercado Kpler, Cuba dispone de reservas de petróleo suficientes para cubrir entre 15 y 20 días de consumo nacional, de acuerdo con los niveles actuales de demanda y producción. En todo el mes de enero, la Isla recibió un único cargamento procedente de México: 84.900 barriles.
Ahora, con el suministro venezolano interrumpido, la amenaza de aranceles por parte de la administración norteamericana a los países que envíen petróleo —donado o vendido— a Cuba podría incluso disuadir al Gobierno de Claudia Sheinbaum de mantener los envíos.
El volumen recibido por la Isla en lo que va de año equivale a poco más de 3.000 barriles diarios, muy por debajo del promedio de 37.000 barriles diarios obtenidos de todos sus proveedores en 2025. Incluso sumando ese envío a los aproximadamente 460.000 barriles que había en inventario a comienzos de enero, la Isla apenas podría sostenerse durante unas semanas, según Kpler.
En el interior del país, el impacto de la crisis se siente con especial crudeza. El sistema eléctrico nacional atraviesa uno de sus peores momentos históricos, con déficits diarios cercanos a los 2.000 megavatios frente a una demanda total de unos 3.230. En la práctica, más de la mitad del país permanece simultáneamente sin electricidad, incluso estando en invierno, cuando el consumo suele ser menor.
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Actualmente, al menos nueve centrales de generación se hallan fuera de servicio por averías o mantenimiento, y la Unión Eléctrica ha dejado de informar cuántos megavatios están indisponibles por falta de combustible, lo que sugiere un deterioro mayor del que reconoce oficialmente. Tampoco se ofrecen datos actualizados sobre la situación de las patanas turcas ni de los motores de fueloil, reforzando la opacidad informativa habitual del régimen.
Eso sí, funcionarios del Ministerio de Turismo y del conglomerado militar GAESA han garantizado a los principales emisores turísticos, como Canadá, que los hoteles disponen del combustible necesario y de generadores para mantener los servicios.
El anuncio del “Estado de Guerra”
En este contexto de colapso sistémico, el régimen anunció el pasado 17 de enero, mediante una breve nota en los medios oficiales, “planes y medidas del paso al Estado de Guerra”. El Consejo Nacional de Defensa no ofreció detalles ni aclaró las implicaciones para la ciudadanía.
“Los cubanos se están tomando esto peligrosamente a la ligera”, advirtió Domingo Larrinaga, vecino del habanero barrio de Romerillo, en un reportaje de nuestro periodista Gerónimo García. “Este es un Gobierno que ha fusilado personas en contextos menos tensos que el actual”.
Larrinaga recordó que desde 1959 Cuba dejó de ser una república para convertirse en una “plaza sitiada”, donde cualquier acto de rebeldía se interpreta como traición. A su juicio, la mención al Estado de Guerra resulta coherente con el nuevo escenario regional y con la belicosidad del Gobierno frente a su propia población. “La calma es peligrosa, porque revela cuán desprevenidos estamos ante la paranoia del poder”.
Para Cosme Barrientos, vecino de Lawton, la prioridad cotidiana es la supervivencia. “Estamos concentrados en llevar al menos una comida diaria a la mesa. Los apagones no dejan ánimo ni tiempo para pensar en lo que se avecina. La mayoría está pensando en emigrar”, señaló.
Un desenlace cada vez más visible
La crisis energética actúa hoy como un revelador implacable de la realidad cubana: un país sin reservas estratégicas, gobernado por un régimen sin margen de maniobra y sin aliados dispuestos a sostenerlo indefinidamente. Expone, al mismo tiempo, el colapso de un sistema incapaz de garantizar servicios básicos, mientras prioriza sectores protegidos y refuerza el control político sobre una sociedad exhausta.
La opacidad informativa, la represión y el discurso de plaza sitiada no ofrecen soluciones. Apenas dilatan un desenlace que parece cada vez menos evitable y más determinado por la incapacidad del régimen para reformarse.
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