El poder que niega la realidad

El régimen cubano se encuentra ante una paradoja: cuanto más se niega a reconocer la dimensión de la crisis, más acelera su desgaste.

feb 6

Propaganda política junto a una carretera en Cuba

La Cuba de hoy muestra una contradicción cada vez más visible: mientras el país se hunde en una crisis sistémica, el discurso oficial insiste en negar la magnitud de esa crisis y la posibilidad de un colapso. El régimen se presenta como víctima de un cerco externo y, ajeno a sus propias responsabilidades, apela a la épica de la resistencia cuando lo que enfrenta es el agotamiento estructural de un modelo fracasado.

La pobreza extendida, la contracción productiva, la ruina del sistema energético, la emigración masiva, las violaciones de los derechos humanos y los presos políticos no son anomalías recientes ni consecuencias directas de la presión estadounidense actual. Son el resultado acumulado de una política y de un modelo económico centralizado, ineficiente y dogmático, sostenido durante más de medio siglo e inamovible en lo esencial.

La comparecencia pública de Miguel Díaz-Canel, el 5 de febrero, fue ilustrativa: abundaron las consignas y las apelaciones a sacrificios futuros; faltaron diagnósticos honestos y soluciones concretas. El Gobierno anunció medidas sin explicarlas y pidió confianza sin ofrecer transparencia. El mensaje fue claro: el poder no se concibe a sí mismo como parte del problema, sino como administrador forzado de calamidades provocadas por factores ajenos.

La negación sigue siendo, para el régimen, una forma de gobierno. No hay reconocimiento del agotamiento del modelo ni voluntad de corregir las causas estructurales del desastre. Pero esta actitud no es fruto de la ceguera, sino de una decisión política.

Reconocer la responsabilidad del Estado en la crisis implicaría admitir que el sistema económico impuesto durante décadas ha fracasado de manera irreversible. Y admitir ese fracaso equivaldría a poner en cuestión la legitimidad misma del poder, en un contexto marcado por la pérdida de los subsidios venezolanos, la ausencia de aliados efectivos y la inviabilidad financiera del país.

La crisis energética ha funcionado como un revelador brutal de esta lógica. Ante el colapso del suministro, el Gobierno no ofreció explicaciones claras ni un horizonte creíble de salida. Optó por minimizar la gravedad, desplazar culpas y anunciar restricciones futuras. El mensaje es siempre el mismo: el problema son las circunstancias. Pero las circunstancias ya no acompañan.

Aun así, el poder cubano actúa como si el tiempo jugara a su favor. Aferrado a la lógica de la supervivencia, prioriza la continuidad de la elite gobernante sobre cualquier mejora tangible para la población. No impulsa reformas económicas reales, no abre espacios de participación política, no libera a los presos de conciencia ni reconoce la legitimidad del disenso. La represión sigue siendo el recurso central para administrar el malestar social.

La negación alcanza su expresión más cínica cuando el régimen afirma que en Cuba no existen presos políticos. Esa afirmación no resiste el contraste con los informes de organizaciones internacionales, las denuncias de familiares y las campañas cívicas que reclaman una ley de amnistía.

Dentro del país, el discurso oficial ha perdido casi toda eficacia. El descrédito del régimen es profundo y transversal. La mayoría de los cubanos no espera soluciones desde arriba, sino que sobrevive como puede, mientras observa con escepticismo cada nueva comparecencia oficial. La emigración masiva es, quizá, el indicador más elocuente de esta ruptura: cuando un país se vacía, es porque el contrato social ha colapsado.

Fuera de Cuba, la percepción no es mejor. El régimen ya no logra presentarse con éxito como víctima inocente de un conflicto externo. La expectativa de cambio es palpable, aunque incierta, y atraviesa tanto a la diáspora como a la oposición. Nadie parece creer seriamente en una reforma voluntaria del sistema; en cambio, muchos aspiran a que el inmovilismo haya llegado a su límite.

El poder cubano se encuentra, así, ante una paradoja final: cuanto más se niega a reconocer la realidad, más acelera su desgaste. La negativa a asumir responsabilidades no preserva la estabilidad, la erosiona. La falta de cambios no congela la crisis, la profundiza. Gobernar desde la enajenación puede prolongar la supervivencia del régimen, pero lo hace a un costo cada vez más alto para el país.

La cuestión que se impone ya no es si el modelo puede sostenerse, sino qué tipo de desenlace producirá su empeño en la inmo

vilidad. Lo que sí parece claro es que la negación no es una salida. Es, en sí misma, parte del problema. Aun así, el régimen apuesta a ganar tiempo, confiando en que la sociedad resista un poco más y en que el control policial contenga el descontento. La pregunta que gravita es inevitable: ¿cuánto daño adicional puede causar el régimen antes de verse obligado a ceder?