La tragedia cubana evidencia que quienes la provocaron son incapaces, política y moralmente, de ofrecer una salida. Ningún sistema puede apoyarse indefinidamente en ciudadanos que ya no creen en él.
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En los sistemas democráticos, las crisis suelen actuar como correctivos: fuerzan cambios, renuevan liderazgos, abren debates públicos y empujan reformas. En Cuba ocurre lo contrario. La crisis no corrige al poder, el poder intenta perpetuarse dentro de la crisis. Esa es quizá la principal conclusión del repaso realizado esta semana en DIARIO DE CUBA sobre la actividad legislativa del primer trimestre de 2026 en Cuba.
Mientras la economía se contrae, los servicios públicos colapsan, la escasez se hace crónica y la emigración desangra al país, no hay señales de un programa serio de reconstrucción nacional. Lo que emerge es una avalancha de 208 disposiciones jurídicas en tres meses, que buscan administrar y ocultar el desastre mientras preservan los privilegios de la élite gobernante.
La deformidad estructural: poder sin responsabilidad
El problema de fondo no es técnico, es político. Cuba vive bajo un modelo donde el poder no rinde cuentas a sus ciudadanos, y estos no tienen vías funcionales para exigirlas. En ausencia de competencia política que proponga alternativas, de elecciones democráticas, de prensa libre que fiscalice y de tribunales independientes que penalicen los abusos de poder, los errores se acumulan sin costo político para quienes mandan.
Por eso puede sostenerse durante décadas una economía ineficiente sin rectificación seria. Por eso se repiten errores conocidos: centralización extrema, hostilidad a la autonomía económica, arbitrariedad regulatoria, dualidades monetarias recicladas y castigo a quien produce fuera del control estatal.
La consecuencia visible es un país empobrecido donde incluso la inversión extranjera llega con cautela. Predominan estructuras pequeñas, reversibles y de bajo compromiso. No llega el capital que construye futuro, sino aquel que tantea riesgos.
Del Estado proveedor al Estado desertor
Las disposiciones recientes anuncian estímulos sectoriales, ajustes salariales selectivos, facilidades limitadas para energías renovables y nuevas fórmulas administrativas. Ninguna altera las bases del fracaso: inseguridad jurídica, control estatal excesivo, baja productividad, falta de libertades económicas y ausencia de confianza institucional.
Especial atención merece el Decreto 127/2025, que modifica el funcionamiento de las entidades presupuestadas. Presentado como “flexibilización”, “eficiencia” y “autonomía”, realmente evidencia que el Estado ya no puede financiar lo que antes utilizó como legitimación política y exhibía como conquista social.
En lo adelante las instituciones públicas deberán generar ingresos, cubrir gastos y operar con lógicas cercanas al mercado, asumiendo riesgos antes cubiertos por el presupuesto estatal. En lugar de reformar el sistema tributario o aumentar la transparencia en la gestión del gasto público, la solución traslada responsabilidades hacia abajo. En la práctica, el Estado no moderniza, se retira; y lo hace sin transparencia, sin debate público y sin garantías claras de equidad.
Esto puede profundizar desigualdades entre instituciones con acceso a divisas o mejores ubicaciones y otras condenadas a la precariedad y el fracaso. También introduce una fractura moral cuando se prometió igualdad universal. Según plantea Lucía Alfonso Mirabal, periodista de DIARIO DE CUBA, “el impacto en la ciudadanía en Cuba no será inmediato, sino progresivo. Cuando una entidad depende de sus ingresos, la tentación de trasladar costos al usuario crece. Ya no se trata solo de eficiencia interna, sino de sostenibilidad financiera. Y en ese tránsito, el riesgo es claro: servicios que antes eran garantizados pueden empezar a condicionarse”.
El pueblo: cansancio y ruptura emocional
¿Qué responsabilidad ética tiene un poder que, después de décadas gobernando sin competencia, exige nuevos sacrificios a una sociedad exhausta?
Las voces recogidas esta semana por la periodista Laura Sarmiento, de DIARIO DE CUBA, muestran un sentimiento popular que ya no es solo de malestar económico, sino de ruptura emocional con el relato oficial. Muchos ciudadanos distinguen claramente entre patria y Gobierno, y no quieren “morir por la patria” entendida como obediencia al poder, sino vivir con dignidad.
Por eso la imagen más precisa de la Cuba actual, es la de un Estado que actúa por conservar el poder con decisiones arbitrarias y represión, y por tanto pierde cada vez más a la sociedad. Al mismo tiempo, legislando de espaldas al colapso, no demuestra fortaleza institucional sino desconexión terminal. Ningún sistema puede apoyarse indefinidamente en ciudadanos que ya no creen en él. La obediencia forzada administra el presente, pero destruye el futuro.
La tragedia cubana evidencia que quienes la provocaron son incapaces, política y moralmente, de ofrecer una salida. Gobiernan porque conservan los instrumentos de mando, pero han perdido la capacidad de inspirar, integrar y convencer.
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