La comunidad internacional no puede seguir interpretando la situación de Cuba a través de marcos que diluyen la responsabilidad del Estado.
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La crisis cubana está atravesada por la precariedad material y el desamparo institucional, pero también por la ausencia de libertades y la expansión de un aparato represivo que intenta contener sin éxito el descontento social. En la quiebra que define al país, la violación de los derechos humanos constituye su expresión más descarnada, pese a lo cual no alcanza suficiente visibilidad en el contexto internacional.
Los datos no mienten. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró en febrero un aumento interanual del 172,3% en las agresiones contra la libertad de expresión, confirmando “una escalada represiva en un contexto de crisis energética, malestar social y endurecimiento del discurso oficial”, que se ha extendido al ciudadano común. El informe advierte que en Cuba “el ejercicio básico de la libertad de expresión puede convertir a cualquier persona en blanco de acciones represivas”, y que el predominio de ataques, amenazas y agresiones psicológicas “sugiere una estrategia estatal orientada a mecanismos de control menos visibles, pero altamente efectivos para generar miedo y autocensura”.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que la represión política en la Isla se encuentra “en uno de sus momentos más críticos y alarmantes”, con niveles históricamente altos de detenciones y una persecución sistemática dirigida a silenciar las voces que exigen libertad y democracia. Este diagnóstico internacional coincide con la evidencia de las recientes protestas provocadas por las condiciones de vida insostenibles, y que han sido respondidas con detenciones arbitrarias, hostigamiento y cárcel.
Particularmente grave es el recurso del Estado al sistema penal para castigar el disenso, incluyendo a menores de edad. Son los casos de los adolescentes de 16 años, Christian de Jesús Crespo Álvarez y Jonathan Muir Burgos, este último acusado de sabotaje tras participar en una protesta, y por lo que pudiera ser condenado a un mínimo de siete años de cárcel. Como afirmó Lucía Alfonso, periodista de DIARIO DE CUBA, “la instrumentalización de la justicia para castigar el ejercicio de derechos fundamentales” ha alcanzado un punto en el que la frontera entre legalidad y arbitrariedad se vuelve difusa. No se trata solo de una violación de estándares internacionales, sino de una ruptura con el propio ordenamiento jurídico cubano.
En este contexto, el reciente anuncio de indulto a más de 2.000 reclusos, presentado como gesto humanitario, revela profundas inconsistencias y la manipulación oficial del proceso. Como señala el jurista Edel González para DIARIO DE CUBA, la ausencia de publicación oficial del decreto “no es un detalle menor, sino un elemento que cuestiona la propia naturaleza de las decisiones adoptadas”. Sin su publicación en la Gaceta Oficial, este acto carece de validez jurídica.
La opacidad es tal que “no se conoce con precisión quiénes han sido indultados, bajo qué criterios fueron seleccionados ni cuáles son las condiciones del perdón concedido”, agrega. Esta falta de transparencia genera inseguridad jurídica para los beneficiarios, y elimina cualquier posibilidad de control institucional o escrutinio ciudadano. En palabras de González, el indulto se convierte así en “un hecho opaco cuya existencia y contenido dependen exclusivamente de la narrativa oficial”.
Además, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han cuestionado el carácter humanitario de esta medida, señalando que los encarcelados por motivos políticos —frecuentemente bajo cargos como “desacato” o “propaganda”— quedan excluidos. De esta manera, el supuesto indulto opera más como mecanismo de ajuste penitenciario que como política de reconciliación.
Todo ello revela la manipulación de la realidad de cara a la comunidad internacional, para la cual el régimen proyecta una imagen de apertura o flexibilidad, mientras mantiene intacto el núcleo represivo. La negativa a reconocer la existencia de presos políticos, el ocultamiento de los instrumentos jurídicos que sustentan decisiones clave y la utilización selectiva del derecho penal buscan preservar el control político evitando asumir los costos de una represión abierta.
El informe Varieties of Democracy (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo publicado recientemente, ha situado a Cuba como una “autocracia cerrada”, caracterizada por la ausencia de competencia electoral y la restricción sistemática de derechos civiles. Este diagnóstico ayuda a comprender por qué la crisis económica y social no puede disociarse de la estructura política. Como ha señalado la CIDH, el deterioro de las condiciones de vida está directamente vinculado a un sistema que impide a la ciudadanía organizarse, exigir rendición de cuentas y participar en la toma de decisiones.
En medio de este panorama, hay un elemento que merece especial atención: la persistencia del disenso. Las protestas, los cacerolazos, la actividad en redes sociales, así como el trabajo de periodistas y activistas independientes constituyen formas de reapropiación del espacio público. Aunque fragmentarias y reprimidas, son acciones fundamentales para motivar un cambio.
No obstante, el miedo limita la capacidad de organización de la sociedad, dificultando una transformación efectiva. Romperlo requiere claridad analítica y apoyo. La comunidad internacional no puede seguir interpretando la situación de Cuba a través de marcos que diluyen la responsabilidad del Estado. Las violaciones de derechos humanos, la ausencia de democracia y la crisis económica no son fenómenos independientes, sino manifestaciones de un mismo modelo político. La persistencia de la protesta en las últimas semanas, protagonizada por gran parte de la sociedad, visualiza el reclamo colectivo hacia una transformación radical del sistema de gobierno que ha llevado al país a límites críticos y sumerge a la población en la precariedad y la miseria.
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