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Hay semanas en que la realidad no solo desmiente el discurso oficial, sino que deja al descubierto su construcción forzada, sostenida por la repetición, la presión y el miedo. Así ha sido esta, cuando el poder político en Cuba desplegó su maquinaria propagandística con la campaña de “Mi firma por la Patria” y la movilización por el Primero de Mayo. Paralelamente, los hechos documentados por DIARIO DE CUBA dibujaron un país donde firmar no constituye un acto de voluntad, ni trabajar garantiza derechos, donde enfermar puede convertirse en una sentencia y las manipulaciones estadísticas de “logros revolucionarios” vulneran el derecho a la vida.
Aunque la campaña de recogida de firmas ha sido presentada como expresión voluntaria de respaldo popular, una suerte de plebiscito emocional frente a las presiones externas, los testimonios apuntan en dirección contraria. El Observatorio de Libertad Académica (OLA) denunció este acto como una “imposición política institucional”, definiéndolo como una extensión de las obligaciones impuestas por el Estado en universidades y centros laborales. Una práctica que lejos de fortalecer a la ciudadanía, la erosiona. La firma por la Patria ha sido una vez más un “impuesto de lealtad” que no se paga con dinero, sino con la renuncia a la autonomía personal, a la libertad de pensamiento y expresión, en un sistema donde el Estado controla la educación, el empleo y buena parte de la vida cotidiana, y donde negarse a firmar implica represalias.
Un patrón que se repite con la movilización del Primero de Mayo, donde el discurso oficial habla de multitudes, unidad y compromiso, mientas el contexto vacía de contenido y verdad la fecha. La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) fue clara: el Día Internacional de los Trabajadores “pierde su sentido” en un país donde no existen libertades sindicales, ni posibilidad de organizarse o expresar demandas sin represalias. El contraste es evidente. Se convoca a los trabajadores a desfilar, pero se les niega el derecho a reclamar y a organizarse libremente. Se exalta el trabajo, pero no se respetan las condiciones mínimas para ejercerlo. Se habla de unidad, pero se impone el silencio. La movilización masiva, apoyada con notables recursos estatales, incluso en medio de una crisis energética severa, revela la prioridad: sostener una imagen de sustento popular, aunque la realidad social demuestre lo contrario.
La hipocresía es profunda cuando se exige compromiso político hacia un Estado que no garantiza el derecho básico a la vida y la salud. Testimonios como el de Hiosvany Gómez Labrada, con casi dos décadas en hemodiálisis, recogido por Ángeles Rosas, periodista de DIARIO DE CUBA, demuestra el gran deterioro estructural del sistema sanitario nacional, donde es recurrente la falta de insumos y la imposibilidad de acceder a soluciones disponibles fuera del país.
Asimismo, según los resultados de la última encuesta realizada por Cubadata para nuestro medio, situaciones como esta no son aisladas. Solo el 4,8% de los cubanos afirmó haber accedido a medicamentos sin dificultad, mientras más del 80% ha enfrentado obstáculos para recibir atención médica. Este deterioro ocurre en paralelo a una contracción sostenida del personal sanitario. Entre 2021 y 2024, el país perdió más de 77.000 trabajadores del sector, según el Anuario Estadístico de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
En este contexto, el discurso de la “potencia médica” se desmorona. No porque haya cambiado la narrativa, sino porque la realidad la deja sin sustento. Esto se refleja también en uno de los indicadores históricamente utilizados como emblema: la mortalidad infantil.
Un estudio publicado por nuestra periodista Annarella Grimal cuestiona las tasas nacionales desde el análisis de cómo se construyen los datos y las denuncias sobre posibles manipulaciones. Diversos testimonios apuntan a que algunos nacimientos extremadamente prematuros o de muy bajo peso no se registran como nacidos vivos, sino como muertes fetales, por lo que no entran en la tasa de mortalidad infantil, manteniéndola artificialmente baja. Asimismo, entre el 84% y el 89% de las muertes corresponden a fetos que fallecen antes de nacer.
La implicación es profunda. Si la mayoría de las muertes ocurre antes del nacimiento, la mortalidad infantil por sí sola ofrece una imagen incompleta del problema, pues el mayor riesgo está durante el embarazo y en las etapas finales de gestación. La presión institucional busca, no obstante, mantener los indicadores dentro de rangos “aceptables”, lo que provoca en el personal médico dilemas éticos entre reportar con precisión o ajustarse a expectativas administrativas.
Por otra parte, el tejido productivo también está marcado por la crisis y la contradicción. El Estado exige cumplimiento, pero no responde con igual compromiso, rompiendo el principio de cualquier relación laboral o contractual. La denuncia documentada esta semana de un apicultor en Matanzas, a quien el Estado adeuda miles de dólares –aunque ha vendido y exportado su producción–, pone rostro a la práctica extendida de impago sistemático. Un patrón que atraviesa distintos sectores, vulnera los derechos de los trabajadores, socava la productividad y la continuidad de los procesos y vínculos laborales.
Todo esto ocurre en un contexto de fuerte restricción a la libertad de prensa. Según el informe de 2026 de Reporteros Sin Fronteras, Cuba se sitúa entre los países con peor desempeño en este ámbito en las Américas. Sin información libre, el contraste entre discurso y realidad es difícil de documentar. La propaganda necesita silencio para sostenerse. Y sobre ello se apoyan las campañas de firmas y las movilizaciones, que buscan construir una imagen que oculte la fractura interna, una puesta en escena donde los trabajadores y la sociedad en general son figurantes de un relato vacío y siniestro, que desde la prensa independiente intentamos desmontar.
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