Exportación de médicos y sistema sanitario cubano: ¿qué está pasando?
La presión estadounidense ha golpeado el negocio del régimen cubano de exportar profesionales de la salud.
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La medicina en Cuba —enarbolada durante décadas como “una conquista” de la Revolución— constituye ahora uno de los ámbitos que más descarnadamente exhibe el fracaso del modelo comunista, la corrupción del régimen y el despojo de los derechos sociales.
La realidad del sistema sanitario cubano es la de un servicio ineficiente, lastrado por el deterioro de su infraestructura y atraso tecnológico, por la falta de insumos y personal médico, y el desvío de profesionales hacia un sistema de exportación que en nada tributa a la sanidad pública nacional.
Una cifra obtenida en una encuesta de DIARIO DE CUBA en febrero-marzo de 2026, revela el enorme quiebre de este sistema cuando solo el 5,3% de 1.807 encuestados, afirmó no haber tenido dificultades para encontrar atención médica en el país.
En la Isla, médicos y enfermeras afrontan diariamente numerosos desafíos para sostener la asistencia a enfermos, en condiciones laborales que no admitirían profesionales de otras latitudes y con muy bajos salarios. No obstante, en vez de propiciar condiciones para incentivarlos, el régimen incluye nuevas restricciones.
La reciente Resolución 115/2026 del Ministerio de Salud Pública, publicada en septiembre, endurece las disposiciones sobre contratación, ubicación y habilitación profesional. La norma obliga a los recién graduados de determinados programas a cumplir el servicio social y permite iniciar procedimientos de inhabilitación contra quienes no se incorporen o interrumpan injustificadamente el servicio. Esta inhabilitación puede ser indefinida hasta que la Administración lo determine.
Aunque la obligatoriedad del servicio social existe en otros países, según explicó a DIARIO DE CUBA la experta en temas legales Maylin Fernández Suris, la particularidad cubana reside en las consecuencias impuestas y en la concentración de facultades en manos del Estado.
Sin ningún sindicato que vele por sus derechos laborales, incluso los conflictos de los médicos emigrados están relacionados con el control que el Estado ejerce sobre su autonomía profesional: para trabajar en otro país, además del título profesional, requieren certificaciones de habilitación que La Habana puede retener o no proveer. DIARIO DE CUBA ha documentado retrasos y negativas en la expedición, incluso en casos en los que no consta inhabilitación formal.
Exportación de médicos
Retener al personal médico no solo es estratégico para el sistema nacional de salud, sino porque la exportación de servicios médicos ha sido durante décadas una de las mayores fuentes de divisas del régimen.
El Departamento de Estado estadounidense ha señalado reiteradamente que estas misiones presentan indicadores de trabajo forzoso y trata de personas. Entre las prácticas denunciadas por antiguos participantes y organizaciones figuran retenciones salariales que pueden oscilar entre el 50% y el 95%, el control de pasaportes y credenciales profesionales, las restricciones de movimiento, la vigilancia y las represalias contra quienes abandonan los programas.
En los últimos meses, la administración de Donald Trump ha amenazado con sanciones a entidades vinculadas al negocio, lo que ha motivado que algunos gobiernos modifiquen o eliminen sus acuerdos. De este modo, el Informe sobre Trata de Personas publicado por Washington el pasado 8 de octubre, expone que la cantidad de trabajadores cubanos desplegados en más de 50 países disminuyó de unos 24.000 a comienzos de 2025 a entre 15.000 y 18.000 en 2026. Los sanitarios representan alrededor del 75%.
En su informe, el Departamento de Estado asegura que las medidas diplomáticas aplicadas han contribuido a reducir el número de trabajadores exportados, aunque no permiten atribuir cada cambio a la presión que estas ejercen.
Por su parte, La Habana rechaza las acusaciones, sin refutar de manera específica las cifras y mecanismos descritos. Su argumento es que esas medidas perjudican a las poblaciones que necesitan atención sanitaria, convirtiendo a los médicos en instrumentos de disputa política. El régimen presenta así la continuidad de los convenios como una cuestión de acceso a la salud, y no como un problema sobre la autonomía laboral de quienes prestan los servicios.
La presión, en cambio, no ha producido una respuesta uniforme. Algunos países han cancelado los convenios y otros intentan conservar los profesionales mediante contratos individuales o modificaciones en el circuito de pagos.
Jamaica ofrece uno de los cambios más concretos. En marzo de 2026 la isla caribeña puso fin a su programa de cooperación, después de plantear dudas sobre la legislación laboral y las convenciones internacionales del trabajo. El cierre inicial agravó la escasez de personal en algunos hospitales jamaicanos. Pero el Gobierno encontró una fórmula para no perder a los sanitarios: ofrecer contratos individuales a quienes quisieran regresar o permanecer en el país.
Esta semana, el ministro de Salud, Christopher Tufton, anunció que había recontratado a 200 trabajadores cubanos, frente a los 277 que había antes. La experiencia demuestra que terminar con la intermediación estatal cubana no obliga a prescindir de los médicos, pero requiere resolver visados, permisos de trabajo, residencia y contratación.
Por su parte, Uruguay optó por una fórmula distinta. Tras conversaciones con Washington y La Habana, anunció que la protección social y el estipendio de la brigada médica se pagarían directamente a los profesionales. El nuevo mecanismo modifica el destinatario inmediato, pero no permite determinar cuánto recibirá cada integrante.
En Dominica e Italia, según el análisis realizado por DIARIO DE CUBA, el pago directo no ha eliminado los mecanismos de presión para desviar ingresos hacia el régimen.
Otros países han tomado decisiones diferentes. Guatemala rescindió su acuerdo bilateral. Honduras, Guyana y Bahamas figuran entre los países que han anunciado cierres o cambios en los convenios. Antigua y Barbuda ha mostrado resistencia a modificar el esquema.
México constituye un caso relevante por la dimensión de su contingente, estimado en unos 3.000 profesionales. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum defiende la cooperación médica y sostiene que paga lo que corresponde a los profesionales, DIARIO DE CUBA publicó en octubre denuncias de médicos que llevan más de dos meses sin cobrar. Según tres fuentes consultadas, el retraso rondaba los 4.000 dólares por profesional.
La presión estadounidense está alterando sin duda el entorno financiero y diplomático en que funciona el programa. Las sanciones contra la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, las advertencias a los gobiernos receptores y las restricciones de visados han elevado los costes de mantener los acuerdos tradicionales. Pero no puede darse por concluido un modelo que continúa operando en decenas de países y conserva una presencia significativa en destinos estratégicos para La Habana.
Como apuntábamos en un Editorial esta semana “las organizaciones de derechos humanos, los gremios médicos y el activismo independiente deben mantener la denuncia sobre los abusos contractuales allí donde ocurran. Los profesionales no solo merecen una retribución acorde a su preparación y su trabajo, sino la posibilidad real de liberarse de la extorsión sistemática del régimen”.
Es importante que se profundice el escrutinio sobre el modelo de ingreso estatal, pero también sobre la capacidad de los médicos para decidir sobre su trabajo y el derecho de los ciudadanos cubanos a contar con un sistema de salud que cuide eficientemente a sus sanitarios y pacientes.
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